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INDICE

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
CAPITULO I
MARCO NORMATIVO DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
1.1. LOS DERECHOS HUMANOS.
1.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
1.3. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
1.4. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y JURIDICCIÓN UNVERSAL

CAPITULO II
UN EJEMPLO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
2.1. LA HISTORIA DE LA MATANZA DE BARRIOS ALTOS.
2.2. LAS  PRIMERAS INVESTIGACIONES
2.3. EL GRUPO COLINA
2.4. SE ESTIMULÓ  A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO COLINA
2.5. SE PROMETIÓ A LOS MIEMBROS DEL GRUPO COLINA "IMPUNIDAD" POR SUS ACCIONES
2.6. EL PACTO DE IMPUNIDAD

CAPITULO III
SUPUESTOS FÁCTICOS QUE ACREDITAN LA RESPONSABILIDAD DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI.

3.1. EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI ESTABLECIÓ UN MECANISMO DE VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS.
3.2.  EL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POTENCIÓ EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y LE CONFIRIÓ NUEVAS FACULTADES PARA DICHO OBJETO.
3.3. LA DENUNCIA  CONTRA EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI
3.4. AMNISTÍA   vs. DERECHOS HUMANOS

CAPITULO IV
LA LEY DE AMNISTIA

4.1. COMO COLOFÓN DEL PACTO DE IMPUNIDAD, SE CONSEDIÓ AMNISTÍA A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO COLINA.
4.2. LAS LEYES DE AMNISTÍA  CONSOLIDAN  LA IMPUNIDAD PARA LA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
4.3. LAS AMNISTIAS SON INCOMPATIBLES CON LA CONSTITUCIÓN Y CON LA CONVECIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

CONCLUSIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA


INTRODUCCIÓN

La violencia en el Perú ha disminuido  sustancialmente durante estos últimos años, desde todos los sectores del país se reconoce esta situación, que ha implicado una serie de cambios en la vida política y el que hacer cotidiano de todos los peruanos.
No es menos cierto que aún desarticulados en su aspecto fundamental los grupos terroristas no han desaparecido del todo y con ellos subsisten en menor intensidad las acciones aisladas que causan destrucción al país y temor en la población, como lo ocurrido el pasado mes de marzo,  en el centro comercial, El Polo.   Asimismo puede apreciarse una disminución de la violación a los derechos humanos como producto del  descenso de las acciones armadas. Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, se puedo observar con indignación  la violación a los derechos humanos, mediante la desaparición  forzada de personas y de ejecuciones extrajudiciales, también hemos  aceptado la voluntad manifiesta de no investigar las violaciones de derechos humanos ocurridos durante esos años. En efecto, durante esos años, diversas fueron las formas como se evitó el juzgamiento y la sanción de los responsables de crímenes contra los derechos humanos. En varios casos se observó una clara voluntad de ocultar a los responsables, o juzgarlos en el fuero militar como si fueran autores de delitos de función. Asimismo, se observaron casos en los que a través de contiendas de competencias resueltas a favor del fuero militar se cortaba investigaciones contra militares en el Fuero Común.
Y el hecho más grave aún y que involucró a las más altas autoridades gubernamentales del país, se produjo cuando promulgaron la ley de amnistía (conocida el país como ley de impunidad) que puso de manifiesto la voluntad del gobierno del hoy prófugo Alberto Fujimori, de no investigar ni sancionar a los violadores de los derechos humanos.
La violación a los derechos humanos comenzó durante el gobierno del ex presidente Fernando Belaúnde (1980-1985) se registraron cuatro masacres, entre ellas el asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay, murieron masacrados(apedreados) a manos de militares disfrazados de comuneros, tal masacre nunca se esclareció.
Los casos mas sonados en el Perú fueron los de Accomarca, comunidad campesina de Ayacucho, donde el ejército dio muerte a 69 campesinos, los sucesos de los penales en Lima (18 y 19 de junio de 1986) donde cerca de 300 presos comunes fueron asesinados con el fin de matar a los del pabellón de terroristas, cuando ya habían depuesto el motín, dicho sea de paso, fue creado para tener la excusa Alan García,  de ordenar la masacre a los presos.
Durante 1990 se produjo el cambio de Gobierno de Alan García al de Alberto Fujimori, pero esto no hizo variar la situación, sino que lo incrementó.
Durante los seis primeros años  de gobierno se registraron cinco casos, siendo la más saltante la masacre de Barrios Altos 03-11-1991.
Durante 1990, la Coordinación Nacional de Derechos Humanos reportó 82 casos de personas ejecutadas extrajudicialmente en distintas zonas del país.
Un año sumamente violento y de fuerte presencia senderista que resulta particularmente interesante pues si bien disminuyó el número de personas  desaparecidas; aumentó el número de ejecuciones sumarias respecto al año 1989, se dieron 39 casos más.
Los múltiples asesinatos en Huancayo, Ayacucho y otras zonas del país daban cuenta de lo que fue catalogado como un "cambio perverso": asesinar en vez de desaparecer.
Para 1991 la cifra aumentó y llego a 99 casos debidamente documentados.
Particularmente grave fue el asesinato de 15 personas en una fiesta  de Barrios Altos ( Lima), por parte de un escuadrón de la muerte llamado el Grupo Colina.
El proceso seguido contra los miembros del grupo Colina responsables de esta matanza, se encontraba en investigación pero producto de la ley de amnistía la Corte Suprema habría decidido archivarlo.
La cifra de ejecuciones iban aumentando, así en 1992, año en que se produjo el autogolpe del presidente Fujimori cerrándose el Congreso de la República y el despacho judicial, los casos llegaron a sumar 114. Gran parte de estos casos ocurrieron en la sierra central  y en norte del departamento de Lima.
Además este año se produjo el vergonzoso caso de "La Cantuta", en el cual fueron secuestrados y luego asesinados un profesor y nueve estudiantes de esta casa de estudios por miembros de las fuerzas del orden "Grupo Colina".
Fueron años sumamente violentos en que las víctimas iban aumentando, si bien, en varios de estos casos existían  pruebas contundentes, que involucraban a miembros de las fuerzas armadas del orden, las investigaciones sufrieron  serias limitaciones y obstáculos. Finalmente la ley de amnistía puso fin a toda investigación y sanción de los responsables.
En 1994 se reportaron 38 denuncias de ejecuciones extrajudiciales  la mayoría de ellos campesinos que fueron asesinados en el conocido operativo "Aries" en el alto Huallaga.
La matanza de Barrios Altos y el asesinato de los estudiantes de la Cantuta son los dos casos más conocidos, de violación a los derechos humanos durante el Fujimorismo y simbolizan con particular fuerza el desprecio a la vida humana,  que caracterizó a sus principales protagonistas.
Luego de años y años de impunidad las cosas están cambiando.
Así, en los últimos meses la investigación sobre el caso de la matanza de Barrios Altos, ocurrida en noviembre de 1991, ha avanzado mucho más que en los últimos años.
A ello se debe la denuncia que la Fiscal de la Nación ha hecho llegar al Congreso de la República contra el ex presidente Alberto Fujimori, como coautor de la matanza de Barrios Altos.
Según la investigaciones, Colina llegó a convertirse en una empresa oficialmente constituida por acciones repartidas entre sus miembros. Se dedicaban a la consultoría de obras de ingeniería y en un determinado momento abrió  una oficina de atención al público.
Este  grupo no actuaba dentro del ejercito. Si bien eran miembros de esta institución,  no  se encontraban en este ámbito.
Los servicios de Inteligencia del ejercito  no tenían competencias sobre ellos, solo estaban bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos.


ANTECEDENTES

La comisión permanente del Congreso, en su sesión de fecha 21 de diciembre del año 2000, designó como integrantes de la Subcomisión  investigadora de las DENUNCIAS CONSTITUCIONALES N° 57 y N° 58. A los congresistas Daniel Estrada Pérez ( Presidente), Mercedes Cabanillas Bustamante y Carmen Lozada de Gamboa.
Con fecha 19 de enero del 2001, la comisión permanente del congreso, en aplicación del inciso "0" del artículo 89° del  Reglamento del Congreso, acordó acumular la DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 87, interpuesta por el congresista Henry Pease García, a la investigación practicada por la Subcomisión.
La Subcomisión informante, en sesión del 30 de enero del año 2001, aprobó emitir un informe parcial, en el que se opinó por la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abandono de cargo, tipificado en los Artículos 377° y 380° del Código Penal.
Dicho informe fue sustentado  por la subcomisión  acusadora(1)  integrada  por los congresistas  Daniel Estrada Pérez, Mercedes Cabanillas y Juan Velit Granda en sesión plenaria del congreso del 23 de febrero de 2001, que probó las Resoluciones Legislativas N° 017-2000-CR y N° 018-2000-CR, publicadas en el diario Oficial " El Peruano" el día 24 de febrero del año en curso.  Posteriormente, son materia de acumulación las denuncias Constitucionales N°44; N° 52; N° 85.
Tales denuncias constitucionales, fue objeto de pronunciamiento por esta Subcomisión, en el informe aprobado en la sesión del 30 de abril del 2001.
Con fecha 20 de abril del año 2000, la Subcomisión Permanente  del Congreso de la República, acumula a la presente investigación la Denuncia Constitucional N° 130, interpuesta por la congresista Ana Elena Towsend  Diez-Canseco, contra el ex presidente de la República, Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada y terrorismo, tipificados en los artículos 108° y 320° del Código Penal y artículo 2° de la Ley N° 25475.
La comisión permanente, en sus sesiones de fecha 8 11 de junio del año 2001, acuerda aprobar el Informe Final de Subcomisión Investigadora y designa, como se ha señalado antes, a los integrantes de la Sub comisión acusadora.


CAPITULO I

1. MARCO NORMATIVO DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
1.5. LOS DERECHOS HUMANOS.
Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar la dignidad del ser humano en su triple dimensión: individual y social; material y espiritual.
Ha sido elevados a la categoría de norma jurídica a fin de permitir la vida digna de la persona y por ello su reconocimiento mundial y protección a través de Pactos Internacionales.
La expresión de derechos humanos es de origen reciente. Su formula de inspiración francesa, se remonta  a las últimas décadas del siglo XVIII.
 El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente Francesa votó por unanimidad un conjunto de principios considerados esenciales en las sociedades humanas y en los que había de basarse la Constitución Francesa de 1791, que después fueron recogidos por el constitucionalismo moderno. Tales principios enunciados en 17 artículos, integran la llamada " Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano".
En cuanto a su contenido político y social, su espíritu había sido ya aceptado en Inglaterra en 1689 por Guillermo III y, casi en iguales términos, los había sancionado con anterioridad el Congreso de Philadelfia en Estados Unidos.
No obstante, la gran repercusión de la Revolución Francesa los universalizó y entraron a formar parte de la conciencia europea como expresión de las aspiraciones democráticas.
En esta etapa comienza a dictarse las constituciones de carácter liberal, que protegían los derechos civiles y políticos, buscaban protección de las libertades de propiedad  y de vida.
Esta etapa es llamada "Derechos de Primera Generación" donde se produce un decaimiento del absolutismo político y monárquico.
Los denominados "Derechos de Segunda Generación" surgen como respuesta a la revolución Industrial de Inglaterra, reconociéndose como universales, los derechos sociales y económicos, que contenían  la esperanza de los hombres de mejorar sus condiciones de vida dentro de la sociedad. En lo económico y en lo cultural.
Estas comienzas a plasmarse a plasmarse en las constituciones de México de 1917 y en la alemana de Wiemar de 1919.
En el Derecho Internacional, los derechos humanos se establecieron a partir de la Segunda Guerra Mundial,  los crímenes terribles cometidos por el fascismo y el nazismo, fueron la causa que finalmente llevó a los Estados a desarrollar un sistema de protección internacional de los derechos humanos. Esos crímenes evidenciaron que el ejercicio del poder público de ser controlado, no solo por las instituciones  internas de cada  de los estados, sino también por instancias internacionales destinadas a salvaguardar la dignidad del ser humano y evitar atropellos.
En el año 1945 se crea la Organización de las Naciones unidas (ONU) cuya Carta Constitutiva reafirmó  " la fe en los derechos fundamentales  del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres", también señaló que "todos los miembros se comprometen a tomar medidas, conjuntas o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55", el cual establece entre otros "el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos".
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 y en nuestro país, fue aprobada mediante Resolución Legislativa N° 13282 del 9 de diciembre de 1959.
La Declaración Universal  de los Derechos Humanos consta 30 artículos y de acuerdo con Rene  Cassin, uno de los padres de la Declaración, ella se basa en cuatro pilares fundamentales, que agrupan la mayoría de artículos:
• Los derechos personales: se trata de los derechos de la persona humana. Son los artículos tercero al duodécimo, entre ellos el derecho a la igualdad, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a la privacidad, etc.
• Los derechos que pertenecen al individuo en relación con el grupo social en la cual participa: son los artículos decimotercero al decimoséptimo; derecho a la privacidad de la vida familiar y derecho a casarse, a la libertad de movimiento dentro del país o fuera de él, derecho a tener una nacionalidad, derecho al asilo en caso de persecución, derecho a la propiedad y a practicar una religión.
• Las libertades civiles y los derechos políticos: estos derechos tienen relación con la participación en el gobierno y la competencia democrática. Son los artículos decimoctavo al vigesimoprimero, que defienden la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y asamblea, el derecho al voto y a la participar en elecciones y el derecho de acceso al gobierno y a la administración pública.
• Los derechos de naturaleza económica o social: operan en la espera del trabajo de la educación y en la dimensión social, las obligaciones de otros individuos y del estado frente a los ciudadanos.

Son los artículos vigesimoséptimo: derecho al trabajo y a la seguridad social, a igual paga por igual trabajo a formar y asociarse con sindicatos, al descanso, a la salud, a la educación y a la participación en la vida cultural de la sociedad.
El artículo vigesimoctavo se refiere al derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que los Derechos Humanos sean efectivos. El artículo vigesimonoveno se refiere a los deberes frente a los derechos de los demás. El artículo trigésimo afirma que nada en la declaración podrá interpretarse para autorizar actos que tienden a suprimir los Derechos Humanos.
La declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un gran valor jurídico e importancia política en el orden internacional por lo que fue y sigue siendo fundamental, pese a que las declaraciones son una expresión no obligatoria de la opinión  de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al igual que la carta, ella fue un punto de partida importante para la universalización e internacionalización de los Derechos Humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos fue adoptado y abierto  a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 0996, entró en vigencia el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49° y fue aprobado por el Perú el 28 de marzo de 1978, mediante el Decreto Ley N° 22128. Dicho Pacto consta de 53 artículos y al igual que el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1996 y que fuera aprobado por el Perú mediante Decreto Ley N° 22129 del 28 de marzo de 1978, contiene mecanismos de control que funcionan a la voluntad de las partes a través del Comité de Derechos Humanos, obligatorio solo bajo la suscripción de un protocolo adicional que fue aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1996 y que también ha sido suscrito y ratificado por el Perú el 3 de octubre de 1980.

1.6. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Fue aprobada en San José de Costa Rica el 22  de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita por el Perú el 27 de julio de 1977 y aprobada mediante Decreto Ley N° 22231 del 11  de julio de 1978.
En dicha convención se enumeran los deberes de los estados y los derechos protegidos de las personas, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho de indemnización, libertad de conciencia y religión, protección de la familia, derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Asimismo se enumera los deberes de las personas y se crea la Comisión Interamericana de Derechos humanos cuya función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos protegidos por la Convención.
También  crea la Corte interamericana de Derechos Humanos que tiene por finalidad principal conocer y tomar una decisión sobre peticiones o comunicaciones que se presentan sobre violación de cualquier derecho que consagra la Convención.

1.7. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
Fue adoptado en Belém do Pará en Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de Asamblea General y fue suscrito por el Perú el 8 de enero del año en curso.
En este instrumento los Estados Partes se comprometen a no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión  del mismo, prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas y tomar las medidas de carácter legislativo.
Para tales efectos, considera a la desaparición forzada como privación de la libertad a una o más personas, cualquiera fuera la forma cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a  reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
La desaparición forzada no será de conformidad con la Convención, considerada delito político para los efectos de la extradición y no se encuentra sujeta a prescripción.
Se puede señalar, entonces que los Derechos Humanos  se fundamentan en la naturaleza humana, tales derechos son inherentes al hombre en cuanto tal, en cuanto corresponde a su naturaleza y esencia.

1.8. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y JURIDICCIÓN UNVERSAL
Los principios reconocidos en el acuerdo firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al que se adherirían después 19 países, por el que se decide el establecimiento del Tribunal Militar Internacional, son llamados oficialmente en las Naciones Unidas " los Principios de Nuremberg". El documento que integró los Principios en casos de delitos contra la paz   y la seguridad de la humanidad, se llama  "Estatuto de Nuremberg" el mismo que se estableció,  además la competencia internacional para juzgar y castigar los crímenes contra la paz, los crímenes a  guerra y contra la humanidad, que son definidos en el artículo 6° del siguiente modo:
a.- Crímenes contra la Paz.-  es decir, planeamiento preparación, iniciación o ejecución de una guerra de agresión o de una guerra en violación de los tratados internacionales, acuerdos o seguridades o la participación en un plan común o en una conspiración para ejecutar cualquiera de los actos precedentes.
b.- Crímenes de Guerra.-  es decir, violaciones de las leyes y de las costumbres de la guerra. Estas violaciones incluyen, pero no están limitadas a asesinatos, maltratos y deportación para trabajos forzados o para cualquier otro propósito de poblaciones civiles de territorios ocupados o que se encuentren en ellos, asesinatos o maltratos de prisioneros de guerra o de personas en los mares, ejecución de rehenes, despojo de la propiedad pública o privada, injustificables destrucción de ciudades, pueblos y aldeas, devastación no justificada por necesidades militares.
c.- Crímenes contra la Humanidad.-  es decir, asesinatos exterminio, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de, o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubiera sido perpetrados.
Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables por todos losa actos realizados por todas las personas en ejecución de tales planes.
Además, el Estatuto de Nuremberg da pautas precisas sobre el tratamiento de personas vinculada al ejercicio de cargos públicos o que actúen bajo el mando de un superior jerárquico, a efecto de no eximirlas de pena. Los artículos 7° y 8° establecen.
Artículo 7°.-   la posición oficial de los acusados, sea como jefes de estado o como funcionario de responsabilidad en dependencias gubernamentales, no será considerado como excusa eximente para librarlos de responsabilidad  o para mitigar el castigo.
Artículo 8°.-  el hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de órdenes de su gobierno o de un superior jerárquico no liberará al acusado de responsabilidad, pero ese hecho podrá considerarse para la atenuación de la pena si el Tribunal deternima que la justicia así lo requiere.
El 13  de febrero de 1964 la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 3, en la que toma conocimiento de la definición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad tal como figuran en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg del 8 de agosto de 1945.
Estos principios fueron integrados en las sentencias del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 30 de setiembre y 1 de octubre de 1946.
El secretario general de la ONU, Trygve Lie, en su informe complementario, sugirió el 21 de octubre de 1946 que los "Principios de Nuremberg" fuesen adoptados como parte del derecho internacional.
Es así,  que la Asamblea General de la ONU en su quincuagésima reunión plenaria, por Resolución N° 95 del 11 de diciembre de 1946, aceptó formalmente la sugerencia y por lo tanto, "confirma los Principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del tribunal de Nuremberg". El temor literal de la mencionada Resolución N° 95 del 11 de diciembre de 1946.

" Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal de Nuremberg y por la sentencia de ese Tribunal"
Resolución 95 del 11 de diciembre de 1946
La Asamblea General:
Reconoce la obligación que tiene, de acuerdo con el inciso del párrafo 1 del artículo 13 de la Carta, de iniciar estudios y hacer recomendaciones con el propósito de estimular el desarrollo progresivo del derecho Internacional y su codificación.
Toma nota del acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra el eje europeo, firmado en Londres en 98  de agosto de 1945, y del estatuto anexo del mismo, así como el hecho de que principios similares han sido adoptados en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juicio de los principales criminales de guerra en el lejano Oriente, promulgado en Tokio el 19  de enero de 1946.
Por lo tanto:
Confirma los principios de Derecho internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho tribunal.
Da instrucciones al Comité de codificación de derecho internacional, establecido por resolución de la asamblea General del 11 de diciembre de 1946, para que trate como un asunto de importancia primordial, los planes para la formulación, en una codificación general de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, o de un Código Criminal Internacional, conteniendo los principios reconocidos en el estatuto del Tribunal de Nuremberg y en las sentencias de dicho Tribunal.
Quincuagésima quinta sesión plenaria
11 de diciembre de 1946


Mas adelante, en 1950 se recogen con carácter general, los principios de derecho internacional del estatuto  y de las sentencias del Tribunal de Nuremberg, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se establece así, la nominación de "delitos de derecho internacional"  en el documento que recoge los "Principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg". Precisa en su artículo II, que la sanción de los delitos internacionales, no depende de su tipificación en el derecho interno y en su artículo VI, que los delitos de la lesa humanidad, son sancionados como "delitos de derecho internacional"

Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg
(Aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en 1950 y presentados a la Asamblea General)
PRINCIPIO I
Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción.
PRINCIPIO II
El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido.
PRINCIPIO VI
Los delitos enunciados a continuación son punibles como  delitos de derecho internacional:
a.- DELITOS CONTRA LA PAZ
• Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales.
• Participar,  en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inciso anterior.
b.- DELITOS DE GUERRA
Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, el asesinato, el maltrato, o la deportación para trabajar en condiciones  de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población civil  de territorios ocupados o que en ellos se encuentre, el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra  o de personas que se hallen en el mar, la ejecución  de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción injustificables  de ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares.
c.- DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD
El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetuar un delito contra la paz o un crimen de guerra, o en la relación con él.
Este nuevo principio del derecho internacional, en virtud de cual la sanción de los delitos internacionales no depende de su tipificación en el derecho interno, se impone sobre el de soberanía territorial.
Más adelante, el concepto de delitos de lesa humanidad evoluciona en el tiempo y se desliga de la necesidad que exista conflicto armado. Así, la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra  y de los crímenes de lesa humanidad" aprobada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución N° 2391 (XXIII), del 26 de noviembre de 1968, redefine los delitos de lesa humanidad, los que pueden cometerse aún en tiempo de paz y les confiere el carácter de imprescriptibles:

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
(Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por el asamblea general en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968)

Artículo I
Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquier que sea la fecha en que se haya cometido:
a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada  por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3(I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de guerra.
b) Los crímenes de lesa humanidad  cometidos tanto en tiempo de guerra como la expulsión por ataque armado  u ocupación o actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la Sanción de Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.
El reconocimiento de la categoría "crímenes contra la humanidad" así como su "estatuto jurídico" surge, además de todos los instrumentos, resoluciones,  fallos y opiniones doctrinarias ya citadas de una innumerable cantidad de otros  pronunciamientos en igual sentido.
Entre esos instrumentos se halla la Resolución 3074(XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 3 de diciembre de 1973, titulada:
Principios de cooperación en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, ó  de crímenes de lesa humanidad.(ver anexo)


CAPITULO II

2.- UN EJEMPLO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

2.7. LA HISTORIA DE LA MATANZA DE BARRIOS ALTOS.

Este horrendo asesinato se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1991, aproximadamente a las 22:30 horas; seis  individuos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble ubicado en una quinta del jirón Huanta 480, en los Barrios Altos de Lima, en momentos en que  las víctimas se encontraban en una pollada, pro fondos para  arreglar el  viejo solar, en medio del bullicio de la música y las risas, de acuerdo a los testimonios recogidos por las autoridades judiciales, al lugar llegaron  los sicarios del Grupo Colina, en dos vehículos, uno de marca Jeep Cherokee y otro Mitsubishi, que portaban luces y sirenas policiales que fueron apagadas al llegar al lugar de los hechos, del cual descendieron los individuos con los rostros cubiertos con pasamontañas y fuertemente armados, inmediatamente ordenaron que los concurrentes se tiren al piso y sin mediar palabra  les dispararon durante dos  minutos provocando la muerte de 15 personas entre ellos un niño y quedando gravemente herida otras cuatro, aduciendo que las personas que ahí se encontraban tenían vinculación con Sendero Luminoso. Este grupo de aniquilamiento llegó a la quinta en una camioneta que se encontraba asignada en esos momentos al hermano del presidente, Santiago Fujimori,  además utilizaron un comancar del ejercito que transportaba a cinco comandos debidamente uniformados, cuatro hombres y una mujer, mientras que los policías de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP y de la Comisaría de San Andrés veían sin hacer nada la matanza de 15 ciudadanos.
 Luego de terminar con el "objetivo uno" denominado así por el grupo Colina, el comancar con seis militares a bordo, avanzó por la cuadra ocho del jirón Huanta y se estacionó al doblar el jirón Huallaga.
Los militares descendieron del vehículo, se formaron en fila y observaron que todo estaba normal y se retiraron. En la escena del crimen se encontró 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre, que corresponde a pistolas ametralladoras.
Luego de este asesinato a sangre fría los integrantes del grupo Colina y Montesinos fueron a celebrar el cumpleaños de jefe del comando de aniquilamiento, Martín Rivas, es ahí donde llega el entonces presidente de la república Alberto Fujimori, para felicitarlos por el trabajo realizado.
Lo peor de todo es que nunca se investigó el crimen. Las investigaciones judiciales quedaron paralizadas luego de que los fiscales y jueces independientes convocaran a los presuntos responsables, los miembros del grupo Colina.
El gobierno principal responsable de la masacre, promulgó una Ley de Amnistía en momentos que la  fiscal Ana Cecilia Magallanes presentara su acusación penal contra cinco oficiales del ejercito como responsables de los hechos, incluyendo a varios condenados en el fuero militar por el caso la Cantuta.

2.8. LAS  PRIMERAS INVESTIGACIONES
Las primeras investigaciones y los informes periodísticos revelaron que los involucrados trabajaban para la inteligencia militar del ejercito, que conformaban un "escuadrón de eliminación", como lo ha denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamado "Grupo Colina". Este grupo había desarrollado un plan antisubversivo para liquidar físicamente a sus víctimas.
El 15 de noviembre de ese año la Cámara de Senadores aprobó la conformación de una Comisión  Investigadora  integrada por los Senadores Róger Cáseres Velásquez, Victor Arroyo Cuyubamaba, Javier Diez Canseco Cisneros, Francisco Guerra García Cueva y José Linares Gallo, que instalada el 27 de noviembre de 1991 no llegó a emitir informe alguno por efecto del autogolpe de estado del 5 de abril de 1992.
El 24 de enero de 1995, es remitido por el Consejo supremo de Justicia Militar la copia certificada del expediente N° 494-V-94, a la Sub Comisión informante, contra el General de División Julio Rolando Salazar Monroe, Mayores Santiago Martín Rivas, Carlos Eliseo Pichilinge Guevara, Suboficiales Pedro Guillermo Supo Sánchez, Julio Aguirre, Hugo Coral Goycochea, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García, Wilmer Yarleque Ordinola, Jonny Berrios Rojas y Silvia Ibarra Espinosa. La indicada causa penal, culminó con la expedición  del auto de julio de 1995, que resuelve: SOBRESEER la causa a favor de los inculpados  antes mencionados, por los delitos de asesinato, lesiones graves, abuso de autoridad, negligencia y contra la Administración de Justicia.
Las investigaciones Judiciales no se efectuaron sino hasta abril de 1995, cuando la Fiscal de la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, Ana Cecilia Magallanes, denunció penalmente a cinco  oficiales del ejercito como responsables de los hechos, incluyendo a varios condenados en el fuero militar por el caso la Cantuta. Los entonces denunciados eran el General de División Julio Salazar Monroe, entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el mayor Santiago Martín Rivas y los Suboficiales Nelson Carbajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea.
En ese dicho momento, que se produce una contienda de competencia entre el Fuero Militar y la Justicia Común, que debía ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la República.
Dicho incidente no se resolvió en la forma prevista por ley, por cuanto que el 15 de junio de 1995 se publicó la ley N° 26479, que concede amnistía general al personal  militar, policial y civil para diversos casos, así como la ley N° 26492, publicada el 02 de julio de 1995, que precisa la interpretación y alcances de la amnistía otorgada por la Ley N° 26479, leyes estas que serán analizadas después como uno de los elementos que hacen convicción para formular cargos en contra  del ex Presidente de la República.
Las condenas impuestas a integrantes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos fueron dejadas sin efecto inmediatamente, liberándose a los ocho hombres recluidos por el caso conocido "La Cantuta", algunos de los cuales estaban procesados por el caso Barrios Altos.
Posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sentencia del 14 de marzo del 2001, expedida en el caso Chumbipuma Aguirre y otros contra el Perú, falla por unanimidad entre otros aspectos que se desarrollarán oportunamente, que las leyes de amnistía N° 26479 y N° 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos.
Es bajo este contexto que la Fiscal Flor de María Alba Lopéz con fecha 06 de abril del presente año, formula Denuncia Penal Ampliatoria por estos hechos contra Vladimiro Montesinos Torres, Juan Nolberto Rivero Lazo, Nicolás De Bari Hermoza Ríos, Federico Augusto Navarro Pérez, Fernando Rodriguez Zabalbeascoa, Julio Chuqui Aguirre, Wilmer Yarlequé Ordinola, Juan Pampa Quillca, Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, Miguel o José Pinto Díaz, Fernando Lecca Esquén, Pedro Guillermo o Juan Sánchez, Gabriel Orlando Vera Navarrete, Shirley Rojas Castro y Cesar Néstor Alvarado Salinas, por la presunta comisión de los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, homicidio calificado y lesiones graves.

2.9. EL GRUPO COLINA
En el curso de las investigaciones se ha llegado a comprobar fehacientemente lo siguiente:
• Que el servicio de Inteligencia Nacional en coordinación con la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINTE), en el primer semestre del año 1991 formaron un grupo que inicialmente se dedicó al análisis  e interpretación de parte de la documentación incautada por la DIRCOTE a sendero luminoso, labor que fue sustituida por operaciones especiales de inteligencia, entre las que se encontraban la eliminación selectiva de personas.
• El grupo antes indicado fue dotado de medios logísticos, lo que fueron gestionados en el mes de agosto de 1991 por Carlos Eliseo Pichilingue Guevara ante el jefe de administración del Servicio de Inteligencia del Ejercito, en ese entonces Comandante E.P Luis Alberto Cubas Portal, dicha afectación se produjo por orden verbal del jefe de la DINTE General Juan Rivero Lazo y fue hecho con conocimiento del jefe del SIE Crnl. Victor Raul Silva Mendoza, quien corrobora esta afirmación, habiéndoseles  asignado de 10 a 13  pistolas ametralladoras cal. 9mm, con silenciador y aproximadamente 10 fusiles automáticos ligeros (FAL), un fusil pesado automático (FAP) con trípode, estas armas estuvieron en un armario en el interior del garaje o taller que ocupa este grupo a cargo del AIO E.P Marcos Flores Alván y bajo el control del mayor Carlos Pichilingue Guevara hasta el mes de octubre de 1991 aproximadamente, fecha en que fueron retirados por los agentes de Inteligencia Operativa E.P. jesús Antonio Sosa Saavedra, Julio Chuqui Agurre y Wilmer Yarlequé Ordinola, esto por orden de Santiago Martín Rivas.
• Los vehículos asignados a este grupo fueron dos camiones Cherokees nuevas con lunas polarizadas, una de color blanco y otra de color roja, automóviles Toyota, Volswagen y motos, dichos vehículos fueron entregados por el servicio de Inteligencia del Ejercito por orden verbal del director de inteligencia. Asimismo, el grupo operaba con el apoyo económico mensual de esta unidad (DINTE) que se hacía efectivo a través del jefe del departamento de economía My. E.P. Máximo Caseda Pedemonte, con una asignación mensual de nueve mil a doce mil dólares americanos, dinero que era administrado por Carlos Pichilingue Guevara y Santiago Martín Rivas. Conforme lo aseverado por el Crnl. Victor Hugo Silva Mendoza, jefe del SIE, el SO;  AIO Marcos Flores Alván, integrante del grupo Colina y en alguna medida por Aydé Magda Terrazas Arroyo, que vio alguno de estos vehículos en la playa la Tiza.
Debe resaltarse que el "Grupo Colina", tuvo una inauguración oficial que se produjo en 1991, en el taller o garaje ubicado en las instalaciones que en la actualidad ocupa el SIN. A dicho acto, asistieron el General E.P. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia del Ejercito y el General Julio Salazar Monroe, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, donde hizo uso de la palabra el My. E.P. Santiago Martín Rivas, conforme lo aseverado por el SO AIO Marcos Flores Alván, quién presentó a la Subcomisión Investigadora, un documento en el cual se ratifica en los términos de sus declaraciones prestadas ante la DIE DIRCOTE, los días 23 de febrero, 25  de marzo y 26  de marzo del año en curso, en presencia del representante del Ministerio Público.
El grupo Colina utilizó como cubierta la empresa denominada Consultores y Constructores de Proyectos  América S.A. (COMPRANSA), dedicada a obras de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo, cuya constitución se hizo mediante  minuta de fecha 28 de octubre de 1991, existiendo un testimonio en la Notaria Pública CORREA MILLER, de fecha 13 de  noviembre de 1991, siendo los accionistas Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, Juan Rivero Lazo, Fernando Rodriguez Zasalbeascoa y Santiago Martín Rivas. Posteriormente el 9  de setiembre de 1992, dicha empresa efectuó un aumento de capital por parte de Juan Rivero Lazo, Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara. La empresa en mención funcionó inicialmente en el inmueble ubicado en la Av. Paseo de la República N° 5663 Miraflores, trasladándose luego a la Av. Los Pinos N° 320 San Isidro.
2.10. SE ESTIMULÓ  A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO COLINA
La Subcomisión investigadora, ha encontrado que los crímenes de la Cantuta  y Barrios Altos y otros que también se atribuyen al "Grupo Colina", forman parte de una estrategia que contó con la aprobación de altas esferas del gobierno, así  como de mandos militares. Su Subcomisión informante, ha logrado determinar que el grupo Colina actuó con total impunidad, precisamente por que dicho supuesto constituyó una premisa básica, para que sus integrantes realicen los operativos que nuestra historia ha registrado.
Se ha podido constatar del análisis la copia de los legados del Coronel Fernando  Rodriguez Sabalbeascoa y los Mayores Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, entregados a esta Subcomisión por el Comandante General del Ejercito, General Mariano Cacho Vargas en la sesión de 21 de mayo del presente, que el propio ex Presidente de la República  cursó el 30 de julio de 1991, un Memorándum al Ministro de Defensa. (ver anexo).
Que la recomendación para el ascenso de los militares que conforman el Grupo Colina fue formulada por el Presidente Fujimori se produjo el 30 de julio de 1991, tres meses antes de la masacre de Barrios Altos y precisamente en el momento de la formación del Grupo Colina y sobre el que coinciden diversas manifestaciones, que indican que por ese tiempo se hizo una acto de inauguración del comando posteriormente nominado como "Colina", en recuerdo de un militar de ese apellido de una acción contrasuversiva.
Hay versiones coincidentes que afirman en que  tal inauguración se habría realizado en las instalaciones del Sin y con la concurrencia de algunos altos oficiales  del ejercito.
Puede colegirse, en consecuencia, que el estado a través del propio Presidente de la República incentivó la formación de este grupo, desde sus inicios, acto que denota una clara e inequívoca manifestación de conocimiento y estímulo por parte del primer funcionario del estado, lo que a no dudar genera confianza absoluta.
Cabe resaltar que dicho estímulo no fue enviado por el propio ex Presidente de la República a los integrantes del "Grupo Colina", ya que el 18 de agosto de 1991, expresó nuevamente sus felicitaciones a los personajes antes citados, así como al Técnico Flores Alván Marcos, ex integrante del "Grupo Colina", en acciones no operativas. En el texto del motivo de la felicitación Presidencial se expresa que efectúa "por encontrarse prestando eficiente servicio en materia de seguridad nacional y defensa de los altos valores de la democracia, trabajos que son de gran utilidad para el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)."
De ambos documentos, la Subcomisión puede válidamente colegir que las acciones del grupo especial de inteligencia, no eran desconocidas por el ex Presidente de la república, sino que por el contrario, las estimulaba y avalaba.
Cabe además precisar que el estímulo o felicitación por una acción militar, debe ser en principio indefinido y promovido desde el propio Comando del Ejercito, por que es la institución que operativamente tiene la posibilidad de "apreciar" sus acciones. 

2.11. SE PROMETIÓ A LOS MIEMBROS DEL GRUPO COLINA "IMPUNIDAD" POR SUS ACCIONES
Según ha podido apreciar la Subcomisión Investigadora, los estímulos conferidos a los integrantes del "Grupo Colina" fueron complementados por la promesa de otorgarles un marco de impunidad por sus criminales actos.
Solo así, se encuentra explicación el porqué un grupo de aniquilamiento gestado en el Ejercito, ha podido desarrollar tales actos de manera sistemática sin ser sancionados sus miembros, ni siquiera disciplinariamente, sino hasta el año 1995.
A dicha conclusión es posible arribar en mérito de las declaraciones efectuadas por la hermana  de la ex integrante del Grupo Colina, Mariela Barreto Riofano. La señora Blanca Luz Barreto Riofano, declaró ante la Subcomisión en sesión reservada de fecha 15 de mayo del año en curso, que su hermana le comentó que era integrante del Grupo Colina y que como tal, actuaba bajo la promesa que si se descubriera algo, el ex Presidente de la república, ingeniero Alberto Fujimori los iba a proteger.
En el mismo sentido, dicha versión ha sido corroborada por el propio Santiago Martín Rivas, quién admitió frente al editor general de "Canal N", Gilberto Hume, como aparece en la edición del diario "La República" del 22 de mayo del año en curso, que los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos fueron obras del "Grupo Colina", y que además acepto que lo lleven ante tribunales militares en 1995, por que el propio ex Presidente Alberto Fujimori se lo pidió y le ofreció dar tiempo después, una amnistía que efectivamente se convirtió en Ley.
Tal declaración ante la prensa, llevó a la Subcomisión en pleno a recibir la testimonial del editor general de "Canal N", señor Gilberto Hume, quien en sesión de fecha 23 de mayo dio su conformidad con las publicaciones aparecidas en los diarios locales.
Debe agregarse que la existencia de una promesa o pacto de impunidad, constituye un gran elemento que permite determinar el nivel de reconocimiento y aprobación de las acciones del grupo paramilitar Colina, por parte del ex Presidente de la República, Ingeniero Alberto Fujimori.

2.12. EL PACTO DE IMPUNIDAD
El ex Presidente Alberto Fujimori utilizó sus influencias políticas en el congreso para evitar que se continúen las investigaciones por la comisión investigadora del congreso constituyente democrático.
Solo el podía ejercer poder político suficiente en distintas esferas del estado para evitar la investigación de éstos crímenes en los que se encontraba personalmente comprometido. No hay otra autoridad pública que pueda llegar  con capacidad de mando a instituciones tan disímiles como el Congreso, el Poder Judicial, Tribunal de Justicia Militar, el Ejercito, La Policía Nacional, etc. para en todas ellas aplicar presión a efecto de lograr impunidad para los horrendos crímenes de Barrios Altos y la Cantuta.

 

CAPITULO III

3. SUPUESTOS FÁCTICOS QUE ACREDITAN LA RESPONSABILIDAD DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI.
La Subcomisión solicitó a diversas entidades del estado que han conocido los casos materia de investigación, la remisión de la documentación vinculada con los hechos, habiéndose recibido importantes pruebas instrumentales que han contribuido al esclarecimiento y adopción de conclusiones en el sentido propuesto.
De las pruebas actuadas directamente ante la Subcomisión y el análisis de la documentación recepcionada, se ha llegado a establecer los siguientes elementos de convicción, que a su vez constituyen cargos que sustentan las presunciones de responsabilidad penal del ex Presidente denunciado.

3.5. EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI ESTABLECIÓ UN MECANISMO DE VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS.
 A partir de la asunción del poder, el ex Presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, estableció una política encubierta de implantación de un programa de violación sistemática de derechos humanos, como parte de una estrategia en la lucha contrasubversiva.
En dicho contexto nació un "comando de aniquilamiento" integrado por diversos efectivos militares de diferentes reparticiones, que fueron destacados al Servicio d Inteligencia del Ejercito, pero que realizaban sus operaciones en el Servicio de Inteligencia Nacional, en adelante SIN, (primero en la escuela de inteligencia y después en un garaje, al interior de sus instalaciones), bajo el amando directo del asesor presidencial y jefe real del SIN, Vladimiro Montesisnos Torres. Este comando de aniquilamiento se auto denominó "Grupo Colina" y estuvo integrado por aproximadamente 35 personas.
En sus inicios estuvo encargada del análisis de la documentación incautada a las organizaciones subversivas y después de ejecuciones extrajudiciales selectivas y desapariciones forzadas.

3.6. EL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POTENCIÓ EL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y LE CONFIRIÓ NUEVAS FACULTADES PARA DICHO OBJETO.
El ex Presidente Alberto Fujimori, reforzó el aparato de inteligencia órgano que como queda fehacientemente demostrado, ejecutó las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, a través de su comando de aniquilamiento, denominado "Grupo Colina"
Por Ley N° 25327, del 17 de junio de 1991, a solicitud, el Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutó, en las materias que aparecen del texto de ley. (VER ANEXO)
Más adelante, en mérito a las facultades conferidas, el ex Presidente de la República, Alberto Fujimori, dictó a  través del Decreto Legislativo N° 746 (VER ANEXO) publicado el 12 de noviembre de 1992, la norma que potencia el poder del Sistema de Inteligencia Nacional.
Debe resaltarse que es a través de ésta ley que se le otorga al SIN la función de desarrollar acciones de inteligencia operativa frente a los diversos factores de perturbación que afectan la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional.
El Decreto Legislativo 746 marca un hito importante en los nuevos roles que asumiría a partir de 1991 el SIN, ya que hasta dicho momento, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos analizados por la Subcomisión, el rol fundamental del Sistema de Inteligencia era "proporcionar inteligencia de más alto nivel al Presidente de la República.

3.7. LA DENUNCIA  CONTRA EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI
La denuncia fue interpuesta por la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón y en ella se considera a Fujimori "coautor" del crimen ocurrido el 3 de noviembre de 1991, un año después de asumir su primer mandato. La Fiscal incluye un relato impactante en el cuál se narra que el mismo día de la matanza Fujimori acudió al local del Servicio de Inteligencia Nacional, que dirigía desde la sombra su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a celebrar el crimen con los miembros del grupo Colina.
La denuncia se basa en la versión de tres  testigos que sobrevivieron a los hechos, y que los detallaron con coherencia y con exactitud. Según el texto, el hoy destituido ex mandatario peruano fue a saludar y reconocer "la eficacia y las bondades del trabajo efectuado" por ese escuadrón de la muerte secreto integrado por los miembros del Ejército.
El relato añade que Fujimori "los felicitó" y los condecoró y dispuso el paso de los servicios especiales de operaciones de inteligencia a los autores de este crimen. Desde la clandestinidad, el ex  jefe del grupo Colina, el mayor Santiago Martín Rivas, admitió  su responsabilidad en la matanza de Barrios Altos, así como que en esa matanza estaban implicadas hasta las más altas autoridades y que participó en ese crimen "comandando" al grupo "siguiendo ordenes superiores"
Pero no solamente existen  más procesados, sino que hoy también existen nuevos y muy importantes elementos probatorios que demuestran de manera fehaciente la responsabilidad de los procesados, de las circunstancias en que  se produjeron los hechos y de la existencia de una organización criminal alentada y protegida desde los altos mandos del ejercito  cuyo objetivo era la eliminación de presuntos subversivos.
Las declaraciones de los ex agentes de inteligencia Marco Flores Albán, Clemente Alayo Calderón y Jorge Bazán Adrianzén y las investigaciones derivadas de éstas ratifican esta afirmación.
Fujimori amnistió a los integrantes del "Grupo Colina" en 1995, pese a las denuncias y pruebas en su contra por las graves violaciones de los derechos humanos que habían cometido. El grupo paramilitar haba confundido a los 15 civiles, entre ellos un niño, con terroristas de sendero Luminoso, aunque los motivos del crimen nunca fueron esclarecidos ya que el gobierno de Fujimori rechazó siempre la existencia de Colina.
Los testimonios probarían que el ex gobernante peruano "promovió" o al menos "conoció" de los detalles del plan que tenía el Grupo Colina. Conforme a la legislación vigente, en caso de considerarse culpable, la pena que debería cumplir Fujimori no podría ser inferior a 30 años de cárcel.
Pero sin embargo el ex mandatario  a través de su pagina electrónica en internet, menciona que es víctima de "una grosera persecución política" y que al no haber podido las autoridades judiciales encontrarle delito por la posesión de cuentas millonarias, han "inventado" un proceso por delitos contra derechos humanos.
Otras investigaciones a Fujimori por parte del legislativo buscan sus posibles vínculos con las actividades ilícitas de su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, así como presuntos delitos por enriquecimiento ilícito.

3.8. AMNISTÍA   vs. DERECHOS HUMANOS
En el Perú, la Ley 26479 d junio de 1995, concedió  amnistía al personal militar, policial y civil por los delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980 hasta esa fecha. Se pretendía así garantizar la impunidad de quienes violaron derechos humanos durante ese periodo. En ese contexto, la matanza de "Barrios Altos" era investigada por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los presuntos responsables, miembros del "Grupo Colina", esperaban ser los primeros beneficiados. Sin embargo, tanto la fiscal como la juez que veían el caso decidieron continuar con las investigaciones pues consideraron que la ley de amnistía era inconstitucional. Ante este hecho, el Congreso aprobó la Ley 26492 obligando a los jueces a aplicar la amnistía. Esta norma fue avalada por las instancias judiciales superiores y se archivó el caso. Más adelante, en abril de 1997, no prosperó una acción de inconstitucionalidad presentada.
El tribunal Constitucional se abstuvo de evaluar su constitucionalidad por considerar, equivocadamente, que la amnistía había agotado sus efectos. Parecía que la justicia quedaba archivada.
A pesar de ello, el 14 de marzo último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió una puerta para investigar estas violaciones a través de su sentencia recaída en el caso "Barrios Altos". La CIDH concluyó que las leyes de amnistía desconocieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos al impedir a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes ser oídos por el juez. Estimó que se violó su derecho  a la protección judicial al prohibir la investigación y sanción de los responsables. Se desconoció, además, la obligación estatal de adecuar su legislación a la Convención Americana. Estos derechos, protegidos por la Corte, también han sido reconocidos por nuestra Constitución ( artículos 1, 3, 44, y 139.3).  La CIDH, concluyó que las leyes de amnistía son "incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos". Ellas, sostuvo, "no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de los otros casos de violación de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú".
La sentencia de la CIDH, nos ayuda a reencontrar la ruta de la justicia. Ello, al establecer que las leyes de amnistía no permiten la impunidad porque violan derechos humanos, y ratifican la potestad judicial de disponer su inaplicación a casos concretos debido a su inconstitucionalidad. Dicha potestad, conocida como "control difuso", no tiene un plazo para su ejercicio y podría ser utilizada en la actualidad.
Es importante destacar que la sentencia de la CIDH tiene alcances generales. No se agotan en el caso "Barrios Altos" pues invalida las leyes de amnistía al considerar que "carecen de efectos jurídicos". Autoriza así el inicio y reapertura de otras investigaciones al eliminar los obstáculos existentes. En consecuencia, los jueces y fiscales pueden investigar y sancionar a los responsables, tal como lo propone la Defensoría del Pueblo en un reciente informe.

 

CAPITULO IV

4. LA LEY DE AMNISTIA
El presidente Fujimori aprobó y promulgó la ley de amnistía en precisos momentos que se resolvía una contienda de competencia  entre el fuero civil y el fuero militar, que permitió que la justicia común, no realice las investigaciones de su competencia.
El poder político del ex Presidente Fujimori, fue instrumentalizado para tejer un manto de impunidad y evitar, por cuanto medio sea posible, que los hechos materia del presente informe, fueran investigadas por los tribunales de competencia.
Para ello se desplegaron acciones parlamentarias que solo podrían haberse dispuesto por un jefe político o por lo menos con su plena anuencia o respaldo.
La existencia de cuatro acciones distintas, producidas en diferentes momentos confieren  certeza a esta inferencia.
Las investigaciones practicadas por la Sub comisión, han permitido establecer, que producidos los hallazgos de cadáveres en Cieneguilla, se designó un Fiscal  ad hoc para realizar las investigaciones correspondientes.
En cumplimiento de tal designación, el 18 de diciembre de 1992, el Fiscal ad hoc Victor Cubas Villanueva presentó ante el 16 juzgado Penal de Lima, una denuncia contra varios oficiales del ejercito Peruano por el crimen de la Cantuta.
A mérito de la denuncia Fiscal, el Juez del Décimo Sexto juzgado Penal de Lima, abrió  instrucción el 16 de abril de 1993, por los delitos de secuestro, desaparición forzada y asesinato.
El 17 de diciembre de 1993 el Vocal Instructor militar del caso Cantuta promovió Contienda de Competencia contra el Fuero Civil, reclamando que dicho caso sea conocido en exclusividad por el Fuero Militar.
En dicha resolución se  resuelve: Entablar contienda de competencia por declinatoria de jurisdicción, ante el Juez del décimo sexto juzgado de Lima, a fin que se abstenga del conocimiento de la causa que viene tramitando por los mismos hechos y contra los mismos procesados y haga remisión de la misma a la Vocalía de Instrucción.
La sala Penal de la Corte Suprema no pudo resolver la contienda de Competencia al producirse discordia en la decisión, cuestión que se produjo por que de acuerdo a lo establecido en el artículo 141° de la Ley Orgánica del poder Judicial, se requiere en la Corte Suprema, de cuatro votos conformes para la expedición de una resolución.
La votación 3-2  produce discordia y debe llamarse a otro vocal para la dirima.
El 7 de febrero de 199, la bancada fujimorista, a través del Congresista Julio Chu Meris presentó un proyecto de ley que introducía un artículo 2° que modifica los quorums y mayorías para la solución de las contiendas de competencia.
Singularmente, el proponente solicitó la dispensa del dictamen el mismo día 7 de febrero, para ser votado y aprobado en la madrugada del 8 de febrero de 1994, en la misma sesión.
El proyecto de Ley, así aprobado por el Congreso es enviado al día siguiente al Poder Ejecutivo, promulgándola Fujimori inmediatamente y publicándose con N° 26291 en  El Peruano el 10 de febrero.


LEY N° 26291
Artículo 1.- las contiendas de competencia sobre jurisdicción civil o militar, que no estén vinculados al tráfico ilícito de drogas, se entienden resueltas por la Sala correspondiente de la Corte Suprema de la República, cuando cuenten con mayoría simple de los votos emitidos por los miembros de la Sala. Las votaciones futuras serán secretas.

4.4. COMO COLOFÓN DEL PACTO DE IMPUNIDAD, SE CONSEDIÓ AMNISTÍA A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO COLINA.
Nuevamente, precisos momentos en que se resolvería la contienda de competencia entre el Fuero Civil y Militar, esta vez por el denominado caso "Barrios Altos", en cumplimiento de lo que ha quedado demostrado, fue un pacto de impunidad, se expide la Ley de Amnistía N° 26479, promulgada el 14 de julio de 1995, que concede amnistía general al personal Militar, Policial  o Civil, cualquiera que fuese su situación Militar o Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido sometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgada Ley.
En explicación de dicha Ley, se liberó a los ocho condenados por el caso conocido como la "Cantuta", algunos de los cuales venían siendo investigados y procesados ante la Justicia común por el caso "Barrios Altos".
Sin embargo, dado que nuestra Constitución reconoce el control difuso de la producción legislativa, a través del cual, los jueces tienen el deber de no aplicar aquellas leyes que consideran contrarias a las disposiciones de la Constitución, la Jueza Antonia Saquicuray, en resolución del 16 de junio de 1995, decidió que el artículo 1° de la Ley 26479 no era aplicable a los procesos penales pendientes en su juzgado contra los cinco miembros del servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Consideró en los fundamentos de su decisión, que la amnistía violaba las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales que la Convención  Americana  imponía al Perú.
Apelada dicha resolución, el caso pasó a conocimiento de la Undécima Sala Penal de la Corte Superior de Lima.
El 27 de junio de 1995 el Fiscal Superior del caso Carlos Arturo Mansilla Gardela, defendió en todos sus extremos la resolución de la Juez Saquicuray que declaraba que la Ley de Amnistía N° 26479  era inaplicable al caso "Barrios Altos".
La vista de la causa fue fijada para el 3 de julio de 1995. Sin embargo, antes que pudiera celebrarse dicha diligencia judicial, el Congreso de la República el 2 de julio del indicado año publicó una segunda Ley de amnistía, la Ley N° 26492, que declaró que la amnistía no era revisable en sede judicial y que era de obligatoria aplicación. Dicha norma, amplió  además los alcances de la Ley N° 26479, concediendo una amnistía general para todos los funcionarios militares, policiales o civiles comprendidos en las investigaciones. Más adelante la jueza Saquicuray  fue "investigada" por el órgano judicial del control interno por haber efectuado la referida interpretación normativa.

4.5. LAS LEYES DE AMNISTÍA  CONSOLIDAN  LA IMPUNIDAD PARA LA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Desde 1981, el núcleo de la estrategia de contrainsurgencia de las autoridades ha consistido en declarar el estado de excepción en extensas zonas del país.
Durante los dos primeros años, cuando era la Policía Nacional del Perú la que tenía el cometido de combatir a los grupos alzados en armas, Amnistía Internacional sólo recibía informes de tortura y malos tratos inflingidos por la policía. Sin embargo, a principios de 1983, con la transferencia de las operaciones de contrainsurgencia de la policía a las fuerzas armadas, Amnistía internacional empezó a recibir centenares de denuncias de "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales en las zonas en estado de excepción; los responsables de estos atropellos eran los militares. Entre enero de 1983 y diciembre de 1992, Amnistía Internacional documento en el Perú por lo menos 4.200 casos de "desaparecidos" tras su detención por las fuerzas de seguridad. Las fuerzas del estado mataron a militares más por medio de ejecuciones  extrajudiciales; entre ellas figuraban las más de quinientas personas que murieron en 19 matanzas distintas.
A mediados  de 1995, las autoridades peruanas dieron paso adelante en la "institucionalización de la  impunidad" garantizando su inclusión en el ordenamiento jurídico.
El 14 de junio de 1995, el congreso aprobó la Ley 26.479, cuyo artículo primero otorgaba una amnistía general a todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y a todos aquellos civiles que se encontraban denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidos entre mayo de 1980 y el 15 de junio de 1995.
Amnistía Internacional cree, que con independencia de sus efectos universales, la Ley amnistía se concibió, en parte como respuesta a una investigación en curso sobre la matanza de "Barrios Altos".
Antes de la promulgación de la Ley de amnistía, las investigaciones judiciales  sobre la matanza habían ganado un considerable impulso.
En mayo de 1993 y, de nuevo en enero de 1995, unos oficiales  disientes del ejercito peruano declararon públicamente que los miembros del Grupo Colina eran los autores de la matanza de Barrios Altos.

4.6. LAS AMNISTIAS SON INCOMPATIBLES CON LA CONSTITUCIÓN Y CON LA CONVECIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
La amnistía es la institución jurídica por la cual el Poder del estado, olvida el delito cometido y, por tanto, borra jurídicamente todo rastro y consecuencia del mismo devolviendo a quién lo cometió la condición de ciudadano sin penas, sanciones ni antecedentes penales.
El artículo 89° del Código penal señal: "La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta".
Gramaticalmente la lengua española define la amnistía como "olvido de los delitos políticos, otorgados por la ley ordinariamente a cuantos reos tengan responsabilidades análogas entre si".
Desde una concepción sociológica - jurídica se sostiene que el olvido del delito, al punto de considerarlo inexistente en todos sus efectos, solo puede  aplicarse a los delitos políticos.
La historia en América Latina y el Perú consigna que la amnistía siempre ha beneficiado a dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles, y en general,  a todos aquellos que fueron perseguidos por razón de sus ideas.
La amnistía siempre surgió  de parlamentos que se erigían en símbolos de reivindicación democrática frente a dictaduras que conculcaron y violaron los derechos humanos.
Sin embargo cabe precisar que, este derrotero sufrió un cambio cualitativo, cuando a partir de la década del setenta regímenes de facto en Uruguay, Argentina y Chile, se dieron leyes de amnistía que beneficiaron a los autores intelectuales y materiales de crímenes execrables contra los derechos humanos de las personas. Por tanto, la finalidad de dichas amnistías no era reparar  una situación de injusticia sino por el contrario perpetuar la impunidad y encubrir a quienes recurrieron de manera condenable a violaciones de derechos Humanos, como arma sistemática y letal contra sus adversarios políticos.
Las leyes de amnistía números 26479 y 26492 son contrarias al espíritu de la Constitución de 1993 e incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, por las siguientes consideraciones:
• Existe una contradicción flagrante entre los bienes  jurídicos sustantivos inherentes a la persona humana (vida, la seguridad y la integridad física) que la Constitución prima facie reconoce y protege  y los  excesos de tales leyes, que beneficiaron a violadores de los derechos humanos.
• Es lícito amnistiar a quién ha sido procesado o condenado por delito de sedición, rebelión, desacato, motín, insulto al superior, pero en el caso , de crímenes graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas los afectados no sólo son víctimas y sus familiares, sino toda la sociedad y la humanidad e su conjunto, por delitos de lesa humanidad.
• El estado no puede arrogarse el derecho o la atribución de olvidar  o perdonar una ofensa que no le ha sido inferida a él, sino a la sociedad, a las personas que perdieron la vida y a sus parientes.
• La Corte interamericana de derechos humanos en la sentencia sobre el caso de los Barrios Altos, ha considerado que las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra- legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas, son prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional  de los Derechos Humanos.
• Dichas leyes impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el caso de los Barrios Altos fueran oídas por un juez (Art. 8. 1° de la C.A.D.H), violaron el derecho a la protección judicial ( Art. 25° de la C.A.D.H), impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.
• Las leyes de autoamnistia  conducen a la indefensión de las víctimas
y la  perpetuación de la impunidad, por tal motivo, son incompatibles con la naturaleza jurídica de las  amnistías, vulneran el derecho a la tutela jurisdiccional, a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del estado, garantizados por la  propia constitución en los artículos 1°, 138° y 139° incisos 3° y 8°.
Violentan y encubren el derecho a la verdad. El estado so pretexto de la violencia terrorista y de la reconciliación nacional, no puede abdicar a que la sociedad en su conjunto, y los familiares de la víctimas, conozcan los hechos y circunstancias que rodearon la violación del principal y fundamental derecho humano por excelencia, la vida humana.
En  ese sentido cabe mencionar el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre las leyes de amnistía del 7 de setiembre de 1995 que señala: "Quienes, desde el estado concibieron, elaboraron, promulgaron y firmaron la Ley de Amnistía han obligado a olvidar y callar, han perdonado en nombre de quienes han sido afectados: las víctimas directas y familiares de los desaparecidos ejecutados extrajudicialmente, los torturados, han negado la justicia  a quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos; han destruido el principio  de la igualdad ante la ley, comprometiendo la verdadera noción del estado de Derecho; han invadido las atribuciones del Poder Judicial, obligándolo a acatar una Ley inconstitucional."
A mayor abundamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus informes N° 28/92 y 29/92 concluye que otras leyes de amnistía similares a las leyes 26479 y 26492, dadas en Argentina y Uruguay son "incompatibles con el artículo XVIII ( Derecho de Justicia) de la declaración Americana de los derechos y deberes del hombre y los artículos 1°, 8° y 25° de la Covención Americana sobre derechos humanos.
Asimismo, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y los Relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos sobre  la independencia de jueces y abogados, sobre las ejecuciones Extrajudiciales, sumarias  y sobre Tortura, en comunicación dirigida al gobierno peruano el 1 de agosto de 1995 han expresado que tales leyes: " favorecen la impunidad al negar recursos eficaces a quienes hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos,  y por consiguiente, son contrarias al espíritu de los instrumentos de derechos humanos.
Al respecto la Resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas " Declaración sobre protección de todas las personas contra desapariciones forzadas" dispone en su artículo 18° inciso 1° que los autores o presuntos autores de actos como desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley,  de amnistía especial u otros medios análogos que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.

 

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Primero.- la ley de amnistía estaba en realidad destinada a liberar al grupo Colina. Para involucrar a toda la fuerza armada aplicaron la amnistía a todos los casos desde 1980, cuando casi todos esos casos estaban ya archivados. Lo que hizo la ley de amnistía fue remover los rescoldos y avivar los recuerdos sobre sucesos antiguos.
Segundo.- el grupo Colina fue muy importante, ya que Alberto Fujimori y la cúpula militar estaban dispuestos a pisotear reiteradamente la Constitución y las leyes, y apagar el costo político que significaba ponerse en evidencia ante la ciudadanía. Ya que no son unos cuantos militares los que cometieron " excesos" o actuaron por su cuenta, sino que tuvo la participación ce Alberto Fujmori, Vladimiro Montesinos, Hermosa Rios.
Tercero.- la hipótesis  formulada por el general Rodolfo Robles en su denuncia de mayo de 1993, ampliada después, en el sentido de que  el grupo Colina trabajaba estrechamente vinculado al SIN y que la cúpula militar y Alberto Fujimori conocían de su existencia cobra nueva actualidad a raíz de los últimos  acontecimientos.

SEGUNDA:
El ex presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, es responsable  por la presunta comisión de los delitos de asesinato (homicidio calificado), lesiones graves y desaparición forzada de personas, previstos y sancionados por los artículos 108°, 121° y 320° del Código Penal, cometidos con ocasión de los hechos conocidos como "Barrios Altos", perpetrados el 3 de noviembre de 1991.
TERCERA:
La presunta responsabilidad penal que recae en la persona del ex Presidente de la República Alberto Fujimori es a título de coautor, de conformidad con lo previsto en el artículo 23° del Código Penal.

CUARTA:
La matanza de Barrios Altos pertenece a crimen de lesa humanidad y en consecuencia, como delito internacional es perseguido universalmente.

QUINTA:
Con arreglo a lo establecido en los incisos e.3) y e.8) del artículo 89° del Reglamento  del Congreso, modificado por la Resolución Legislativa N° 014- 2000-CR, la Subcomisión consideró que existe lugar para formular Acusación Constitucional contra el ex Presidente de la República Alberto Fujimori, a efecto que sea denunciado por la presunta comisión de los delitos de asesinato (homicidio calificado), lesiones graves y desaparición forzada de personas, previstos y sancionados por los artículos 108° y 320° del Código Penal.

SEXTA:
El asesinato ocurrido  el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos dejo como saldo la perdida de 15 personas entre ellos un niño.

SEPTIMA:
Las víctimas del "Grupo Colina" eran seleccionados previamente, en el caso de "Barrios Altos", se escogió a las víctimas aduciendo que  tenían la presunta condición de terroristas.


OCTAVA:
El crimen de Barrios Altos no constituye acción aislada independiente por miembros del ejercito. No fue producto del accionar autónomo y exento de control que pudieron haber ejecutado algunos militares como anárquico.
El hecho fue realizado por un grupo de aniquilamiento especialmente concebido para dicho fin, y para otros operativos especiales de inteligencia.

NOVENO:
La matanza de Barrios Altos, entre otras, formaron parte de un plan de violación sistemática de derechos humanos.
Lejos de los fines y motivaciones que pudieron haber tenido sus ejecutores materiales, el objetivo, presumiblemente era asestar golpes frontales en la lucha antisubversiva y efectuar ejecuciones extrajudiciales ante la falta de eficacia del sistema judicial, lo que incuestionablemente, constituye una estrategia de gobierno.
Es por ello que el poder  político fue utilizado para reforzar el Sistema  de Inteligencia y proveer al grupo Colina de los recursos logísticos necesarios, garantizándoles un  marco de impunidad y estímulos.

 

Anexo Página 26
Presidencia de la República
Lima 30 de julio de 1991

MEMORANDUM
AL:  Ministro de defensa
ASUNTO: Reconocimiento por trabajos especiales que se indica

Con fecha 25 de julio de 1991 le dirigí un Memorándum en el que se disponía se consigne el reconocimiento respectivo, por trabajos especiales en materia de Seguridad Nacional efectuados durante los años 1990 y en lo que va del presente año, a un grupo de señores Oficiales Superiores, Subalternos y Técnicos de los FF.AA y cuya relación nominal se detallaba.
A manera de estimulo y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República en mi condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, dispongo que de conformidad con el Reglamento del Decreto Ley N° 2114 ( Ley de los Ascensos a Oficiales), Artículo 45° Tabla de Puntaje N° 4. f(2) por trabajos individuales, se considere dicho reconocimiento por trabajos especiales, para el proceso de ascensos del presente año,  a los señores Oficiales que se indica: toda vez que dichos miembros de las FF.AA, han participado en exitosas Operaciones Especiales de Inteligencia, que han posibilitado significativos en la lucha contrasubversiva.
A.-  OFICIALES SUPERIORES:   
Ejercito peruano
Tnt. Crl. Cab. Rodriguez Sabalbeascoa, Fernando
Tnt. Crl. Ing    Paucar Carbajal, Roberto
Tnt. Crl. Ing    Cubas Portal,  Luis
Tnt. Crl. Ing     Pinto Cardenas, Alberto
May. Com.       Huaman Azcurra, Roberto
B.- OFICIALES SUBALTERNO:
Ejercito Peruano
Cap. Ing. Martín Rivas, Santiago
Cap. Ing. Pichilingue, Carlos
Cap. DICYT  Robles Cordova, Ronald
ALBERTO FUJIMORI

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Anexo página 18

Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra,  de crímenes de lesa humanidad.
Resolución 3074 (XXVII) de la Asamblea General del 3 de diciembre de 1973

1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en los que se hayan cometido, serán objeto de una investigación y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declarados culpables, castigadas.
8. Los estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

 


Anexo 3
 LEY N° 25327
Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188° de la Contitución, delegase en el Poder Ejecutivo facultades legislativas a fin de que, dentro del término de 150 días y mediante Decreto Legislativo, norme las siguientes materias y dentro de las pautas que a continuación se indican:
1.- PACIFICACIÓN NACIONAL

d) Adecuar la capacidad de logística, estratégica y de inteligencia y operativa de las fuerzas armadas y Policía Nacional, para la erradicación de la subversión terrorisata y de tráfico ilícito del marco presupuestal.


Ley del Sistema de Inteligencia Nacional
DECRETO LEGISLATIVO N° 746
Artículo 10.- corresponde al Servicio de Inteligencia Nacional:
c) desarrollar acciones de Inteligencia Operativa frente a los diversos factores de perturbación que afectan la Seguridad nacional y la Defensa Nacional.

 

Anexo 4

TRANSCRIPCIÓN DE LA PRIMERA LEY DE AMNISTÍA
DE 14 DE JUNI DE 1995
LEY N° 26479
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente:
Artículo 1°.- Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en loas fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 2°.-  Concédase amnistía general al personal militar en situación de actividad, disponibilidad o retiro y civil implicados, procesados o condenados por los sucesos del 13 de noviembre de 1992.
Artículo 3°.- Concédase amnistía general al personal militar en situación de actividad, disponibilidad o retiro denunciado, procesado o condenado o los delitos de Infidencia, Ultraje a la Nación y las Fuerzas Armadas, con ocasión del reciente conflicto en la frontera Norte.
Artículo 4°.-  El poder judicial, Fuero Común, Fuero Privativo Militar y el Ejecutivo, procederán en el día, bajo responsabilidades, a anular los antecedentes policiales, judiciales o penales, que pudieran haberse registrado contra los amnistiados por esta ley, así como dejar sin efecto cualquier medida restrictiva de la libertad que pudieran afectarles. Procederán igualmente a excarcelar a los amnistiados que estuvieron sufriendo arresto, detención, prisión o pena privativa de la libertad, quedando subsistentes las medidas administrativas adoptadas.
Artículo 5°.- Esta excluido de la presente ley el personal militar, policial o civil que se encuentre denunciado, investigado, encausado o condenado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo y traición a la patria regulado por la ley N° 25659.
Artículo 6.- Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación, pesquisa o sumario, quedando, todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados definitivamente.
Artículo 7.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano".

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco.

 

 

ANEXO 5

TRANSCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA LEY DE AMNISTÍA
DE 28 DE JUNIO DE 1995
LEY N° 26492
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1°.- Entiéndase que la amnistía otorgada por la Ley N° 26479, según lo dispuesto en el inciso 3 del artículo de la Constitución Política, no constituye interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional ni vulnera el deber del Estado de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, reconocidos por el artículo 44° de la Constitución Política y, entre otros tratados sobre la materia, el numeral 1 del artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 2°.- precísase que dicha amnistía, en cuanto es un derecho de gracia cuya concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 102° de la Constitución Política, no es revisable en sede judicial.

Artículo 3°.- Interprétase  el artículo 1° de la Ley  N° 26479 en el sentido que la amnistía general se concede es de obligatoria aplicación por los órganos jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado, quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivados definitivamente de conformidad con el artículo 6° de la Ley precitada.

Artículo 4°.- la presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano".

Comuníquese al Presidente de la República para su Promulgación.

Lima, a  los veinte días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco.

 

BIBLIOGRAFIA

• Congreso de la República. Acusación Constitucional N° 130. Archivo Parlamentario.
• Diario la República. Archivo editorial del año 1991. "Barrios Altos"
• Diario Gestión. Edición  del 2001. Responsabilidad de Fujimori.
• Diario el Comercio.  Archivo  editorial. "Barrios  Altos" "Ley de amnistía" " Acusación Constitucional"
• Revista Caretas. Archivo  Editorial. Informes sobre la matanza de Barrios Altos.
• Internet.  www.Derecho.net.  Amnistía Internacional.
• Internet. www. Aprodeh.org.pe.

 


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