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LA DESAPARICION Y AUSENCIA DE LA PERSONA PDF Imprimir E-mail
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2.- LA DESAPARICIÓN Y AUSENCIA DE LA PERSONA

El actual Código Civil contiene disposiciones referentes a la desaparición y declaración de ausencia, las que son reguladas después de la capacidad o incapacidad de ejercicio denominada ausencia, la que comprende dos capítulos, uno la desaparición y otra la declaración de ausencia.

2.1 Declaración de desaparición
La desaparición se define como la situación por la cual una persona no se halla en el lugar de su domicilio habiendo transcurrido más de 60 días sin tener noticias de su paradero, partiendo de este concepto se puede analizar lo que nos dice el Código Civil al respecto.

Anteriormente se consideraba la desaparición judicialmente declarada como el cuarto caso de incapacidad absoluta de ejercicio, norma que ha sido derogada. Se consideraba la ausencia como un caso de situación especial porque imposibilita materialmente al sujeto al poder ejercer los actos de su vida civil, por lo que había que proveerle de un apoderado.

La persona está ausente cuando se ignora su paradero y se señala un plazo de un año para declararlo ausente y nombrar un curador a la persona indicada que haya desaparecido de su domicilio y sobre la que haya presunción de muerte y esto debido a la concurrencia de ciertas circunstancias que sirven de base para tal presunción, como por ejemplo haber desaparecido como consecuencia de catástrofes naturales, accidentes o por actos criminales y no se haya podido encontrar el cadáver, o finalmente que hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias que se tuvo de dicha persona, luego que el desaparecido hubiere cumplido 80 años.

Elementos que se deben tener en cuenta para declarar la desaparición:

– Falta de presencia en su domicilio o residencia.
– Ignorancia de paradero o carencia de noticias.
– Inexistencia del representante o que éste tenga facultades insuficientes.

No requiere de una declaración judicial, si no que, de acuerdo con los elementos señalados, se procede al nombramiento de alguien que se haga cargo de los asuntos de la persona desaparecida.

Al respecto el actual Código Civil abarca dos cuestiones: la desaparición y la declaración de ausencia. Se configura la desaparición cuando una persona natural no se encuentra en su domicilio; se carece de noticias sobre su paradero y carece de mandatario con facultades suficientes, se entienden referidas a la administración de sus bienes, de su patrimonio.

El juez de primera instancia, ya sea del último domicilio del ausente o del lugar donde estén ubicados o se encuentren sus bienes, puede a petición de parte interesada o del Ministerio Público, designar a un curador, con carácter interino.

La declaración de desaparición se extingue por:

– Reaparición de la persona.
– Declaración judicial de ausencia.
– Declaración de muerte presunta.
– Constatación de la muerte real.


2.2 Declaración de ausencia
Se puede definir como la situación que se presenta cuando una persona no se encuentra en el lugar donde habitualmente reside, se desconoce su paradero y además ha transcurrido por lo menos dos años desde que se tuvo la última noticia de ella.

El ausente jurídicamente expresado, es una persona que no sabemos si existe ni dónde existe, asimismo que no es propiamente un estado civil, ya que no se modifica la capacidad del ausente, pero está en duda la existencia de este.

Cuando desaparece una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, podrá el Juez, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Se exceptúan los casos en que aquél estuviese legítimamente representado o voluntariamente. El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente será el representante y defensor nato del desaparecido; y por su falta, el pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de edad.

Dicha situación se puede establecer a partir de las siguientes características:

– Que no se encuentra en el lugar de su domicilio.
– Que se ignora su paradero.
– Que carece de representante suficientemente facultado.
– Que se dude sobre su existencia con el transcurso del tiempo.

Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte.

El estado de ausente es consecuencia de una declaración judicial de ausencia, la cual procede cuando hayan transcurrido por lo menos “dos años” desde que se tuvo la última noticia de la persona desaparecida; antes no, de ninguna manera.

En defecto de las personas expresadas, corresponde en toda su extensión a la persona solvente de buenos antecedentes que el Juez, oído el Ministerio Fiscal, designe a su prudente arbitrio. El representante del declarado ausente quedará atenido a las obligaciones siguientes: Primero. Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado. Segundo. Prestar la garantía que el Juez prudencialmente fije. Quedan exceptuados los comprendidos en los números primero, segundo y tercero del artículo precedente. Tercero. Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles. Cuarto. Ajustarse a las normas que en orden a la posesión y administración de los bienes del ausente se establecen en la Ley procesal civil.

Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores. Los representantes legítimos del declarado ausente comprendidos en los números primero, segundo y tercero del artículo 184 disfrutarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos en la cuantía que el Juez señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la propia índole.

Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el Juez, quien, al autorizar dichos actos, determinará el empleo de la cantidad obtenida. Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la representación dativa alguno probase su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual, pero aquél no tendrá derecho a los productos sino a partir del día de la presentación de la demanda.

Supuestos en los cuales cesa la declaración judicial de ausencia
Cesa en cualquiera de los 4 casos siguientes:

– La declaración judicial de muerte presunta.
– En caso de comprobación de muerte presunta.
– En caso de comprobación de la muerte del agente.
– El regreso del ausente; y
– La designación de un mandatario o apoderado con facultades suficientes, hecha por el ausente con posterioridad a la declaración.

Declaración de muerte presunta
Es la resolución judicial por la cual verificada la ocurrencia de ciertos hechos, presuntamente una persona, del mismo modo que si hubiera comprobado su muerte mientras no sea destruida tal presunción.

La muerte presunta es aquella situación jurídica creada por medio de una resolución judicial, en virtud de la cual se califica una persona desaparecida como fallecida, se expresa la fecha a partir de la cual se considera la muerte de la persona y se da apertura a la sucesión de la misma.

Es una declaración judicial expedida a petición de la persona interesada o del Ministerio Público en tres casos expresamente previstos sin que sea indispensable que preceda una declaración de ausencia.

Procede la declaración de muerte presunta: 1.º Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición. 2.º Pasados dos años desde las últimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición.

Se dan estos casos cuando no se han encontrado realmente los restos de la persona referida. No hay certeza de la muerte, sino una presunción de muerte admisible, dadas las circunstancias propias de cada caso.

La declaración de ausencia no es requisito para que proceda la declaración de muerte presunta. La resolución que declara la muerte presunta debe indicar la fecha probable y, de ser posible, el lugar en que se hubiera producido el deceso del desaparecido, de modo que sus efectos se retrotraen al momento de esa fecha probable; en consecuencia, es una sentencia de tipo declarativa.

Reconocimiento de existencia
La declaración de muerte presunta está sustentada en una presunción iuris tantum que puede ser enervada por el reconocimiento de existencia cuando se acredita la supervivencia de la persona cuya muerte presunta fue declarada.

Se puede agregar que es la situación por la cual la persona que reaparece está en aptitud de solicitarla acreditando la respectiva prueba de supervivencia. La resolución que reconoce la existencia de una persona no anula la sentencia anterior, solo la deja sin efecto.

Por último se puede agregar que los actos jurídicos que lleva a cabo, especialmente en lugares distintos de los que ha sido inscrita su declaración judicial de muerte presunta, no pueden ser impugnados con el único fundamento de haberse dictado dicha resolución.

Determinación de la muerte
Con la muerte termina la existencia del ser humano. La muerte deja sin efecto deberes y derechos propios de la persona. Por ejemplo se deja de ser padre, madre o cónyuge, se cancelan todas las obligaciones personalísimas, se da apertura a la sucesión, etc.

La muerte jurídicamente es el hecho biológico por el cual dejan de funcionar las partes vitales del organismo de la persona, el cerebro, corazón y consecuentemente todas las células del organismo.

La muerte origina determinadas consecuencias jurídicas en el orden hereditario, precisamente al concluir la titularidad domínica del causante con su muerte, los sucesores alcanzan al respecto titularidad sobre el patrimonio dejado por dicho causante.

Las diversas legislaciones han procurado establecer un correcto tratamiento respecto de la muerte, motivo por el cual se consideraron entre diversas posibilidades, la muerte simultánea de personas entre las cuales existían relaciones sucesorias. Con tal fin se concibieron dos teorías la de la premoriencia y conmoriencia.

 


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