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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO

I. Introducción
Una de las grandes invenciones del Derecho –qué duda cabe–, es la creación de las personas jurídicas, como entidades sujetas a derechos y obligaciones, las mismas que constituyen fundamentalmente mecanismos dirigidos a ejecutar acciones u operaciones que –en algunos casos–, serían difíciles o de imposible realización para las personas físicas (naturales).

En tal sentido, esta creación del derecho que es la persona jurídica –y en particular las asociaciones civiles sin fines de lucro–, encuentra su justificación por las finalidades valiosas a las que está orientada, en función a los objetivos que tienen los sujetos que las conforman, lo que las convierte en un centro de imputación de deberes y derechos independiente a sus miembros. Con justa razón el jurista colombiano Arturo Valencia Zea decía de éstas entidades: “(...) cuando la ley trata al hombre como persona, no hace otra cosa sino reconocer y confirmar una personalidad ya existente. Al contrario, cuando el derecho le atribuye capacidad jurídica a un ser que en realidad no tiene pensamiento ni voluntad, no es sino por ficción que se suple una condición naturalmente indispensable, y esta ficción consiste en admitir que este ser piensa y quiere, aunque en sí sea incapaz”(1).

El hecho de tener existencia jurídica, implica que las asociaciones civiles sin fines de lucro (en adelante ACSL), pueden realizar las finalidades descritas en sus estatutos a través de sus diversos órganos sociales; situación que va a implicar relacionarse con terceros a través de diversos actos jurídicos (p. ej. contratos), los que en algunos casos pueden llegar a tener relevancia tributaria, cuyo eventual desconocimiento o diferente interpretación de la normatividad fiscal, podrá generar contingencias tributarias perniciosas para estas entidades.

II. Algunos aspectos civiles de las ACSL

1. Definición y Finalidad de las ACSL

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80º del Código Civil, la asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo.

De la definición operativa que nos brinda la norma anteriormente citada podemos extraer los rasgos típicos que caracterizan a esta institución a saber:

a. Organización estable, la que debemos entender como una colectividad que constituye a la asociación, la misma que representa un grupo de personas físicas que procede de manera coherente, concertada y planificada en la consecución de los fines de este sujeto. En este sentido, las asociaciones se constituyen normalmente como entidades que tienen un plazo de du ración indefinido, es decir, una fecha de inicio determinada pero una fecha de culminación de actividades indeterminada; ello no obsta –sin embargo–, que se constituye con un plazo de vida determinado.

Cabe indicar que, conforme a lo dispuesto por el Código Civil, se permite que la ACSL se constituya, tanto con personas naturales como personas jurídicas, pudiendo tener éstas últimas a su vez finalidades lucrativas (2) y no lucrativas.
b. Actividad común, esta actividad que es realizada por la entidad responde no al interés individual de sus miembros, sino que se encuentra por encima de ellos, la misma que puede consistir en realizar cualquier actividad lícita, que no atente contra el orden público o las buenas costumbres y que se adapte al cauce propio de la asociación, tal como pueden ser las actividades de beneficencia, de asistencia social, educativas, culturales, entre otras.

En este sentido, la ACSL surge como una necesidad de la persona natural de reunirse colectivamente con otras personas naturales -o en su caso jurídicas-, para realizar en común ciertas actividades valiosas que no se pueden alcanzar de manera individual.

c. Finalidad no lucrativa, la finalidad común a realizar debe ser no lucrativa, es decir puede consistir en realizar cualquier finalidad lícita, tal como hemos explicado en el apartado anterior. Cabe indicar que el hecho que las ACSL no tengan finalidad lucrativa, en modo alguno prohíbe la realización de actividades económicas, ya que lo que se encuentra prohibido para éstas entidades es el hecho del reparto de las utilidades o de los resultados del negocio entre sus asociados, dado que esto desnaturalizaría sus loables objetivos. Al respecto y con toda propiedad el Dr. Arturo Valencia Zea sostiene que: “Aunque la asociación tenga por objeto una “explotación económica”, sino ha de producir beneficios para la asociación, o si los que produce no están destinados a repartirse entre los asociados, nos encontramos ante una persona jurídica “sin fines lucrativos”” (3).

2. Reconocimiento y Existencia de las ACSL
La norma de mayor jerarquía de nuestro sistema jurídico, esto es, la Constitución Política, reconoce de manera expresa en el numeral 13) (4) del artículo 2º el derecho que tiene toda persona a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a Ley.

De este derecho constitucional deriva el reconocimiento que a su turno otorga el Código Civil para las personas jurídicas; así, el artículo 76º de dicho cuerpo legal establece que, la existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las disposiciones de la presente norma, así como de las leyes respectivas.

En este caso debe tenerse presente que nos encontramos ante una disposición que nos indica cuáles son las fuentes de derecho aplicables a las personas jurídicas –entre las que se encuentra la ACSL–, las mismas que deberán considerarse en lo atinente a la existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y finalidades de dichas entidades.

En el mismo sentido, el artículo 77º del Código Civil establece que, la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el dia de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley, la misma que es plenamente aplicable para las ACSL en su calidad de persona jurídica.

Al respecto, en el caso de las ACSL el derecho peruano opta por reconocer su existencia como centro unitario de derechos y obligaciones desde la fecha de su inscripción en los registros públicos, por cuanto este acto formal le otorgará publicidad frente a todos los terceros con los que sostiene relaciones jurídicas determinadas o potenciales a futuro, sean éstas entes privados o públicos; así, en palabras del maestro Carlos Fernández Sessarego: “(...) este proceso de abstracción sólo se produce desde el instante en que tal organización de personas cumple con el requisito formal de su inscripción, hecho a partir del cual es posible considerarla como un centro unitario ideal de imputación de normas, o sea, designarla lingüísticamente como “persona jurídica”(5).

3. Diferencia entre ACSL y sus miembros

Esta nota característica común a todas las personas jurídicas se encuentra regulada en el artículo 78º del Código Civil, expresándose que la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni estan obligados a satisfacer sus deudas.

En tal sentido, es importante poner de relieve que, a pesar de que la persona jurídica se constituye únicamente a través del privilegio que otorga el ordenamiento jurídico a esta ficción legal, es precisamente esta circunstancia la que le brinda una independencia de aquellos sujetos que la conforman –sean éstos personas naturales o jurídicas–, diferenciando tanto sus responsabilidades como sus patrimonios, lo que se encuentra en plena concordancia con el hecho de su reconocimiento como sujetos de derechos y obligaciones.

4. Disposiciones estatutarias de las ACSL

Tal como hemos expresado en el numeral 1 del Capítulo II del presente trabajo, una de las notas tipificantes de las ACSL son las finalidades no lucrativas que deben detentar estas personas jurídicas.

En tal sentido, el documento pertinente para analizar el cumplimiento de las finalidades no lucrativas que deben seguir las ACSL, es el estatuto (6), el mismo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81º del Código Civil, debe constar por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley, debiendo considerarse en este estatuto lo siguiente, en atención a lo previsto por el artículo 82º del mismo cuerpo legal:

• La denominación, duración y domicilio.
• Los fines.
• Los bienes que integran el patrimonio social.
• La constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, consejo directivo y demás órganos de la asociación.
• Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros.
• Los derechos y deberes de los asociados.
• Los requisitos para su modificación.
• Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino final de sus bienes.
• Los demás pactos y condiciones que se establezcan.

En este sentido el Código Civil vigente, a diferencia de su antecesor de 1936, toma partido por una posición didáctica al regular cuáles son los requisitos mínimos que debe contemplar el estatuto, dejando en plena libertad a los asociados para que en el acto de constitución puedan completar las disposiciones supletorias que nos brinda la norma sustantiva, ello en concordancia con las finalidades valiosas que se requieren alcanzar a través de ACSL.

Asimismo, uno de los temas que tendrá una particular relevancia en la materia tributaria que analizaremos más adelante, es el hecho del destino del patrimonio restante de la ACSL luego de su liquidación. Así, el artículo 98º del Código Civil prescribe que, disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante es entregado a las personas designadas en el estatuto, con exclusión de los asociados. De no ser posible, la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análogos en interés de la comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la asociación.

Al respecto, cabe indicar que la exclusión para la entrega de los bienes remanentes de la liquidación a los asociados de la ACSL encuentra su justificación en el carácter no lucrativo de este tipo de entidades, buscándose evitar que se desnaturalice esta figura en perjuicio fundamentalmente de los intereses fiscales.


III. Tratamiento para el Impuesto a la Renta

1. La ACSL como Contribuyente del Impuesto a la Renta

Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Código Tributario, se considera contribuyente a aquél sujeto que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria.

En contra de la generalizada creencia, las ACSL tienen la calidad de contribuyente para efectos del Impuesto a la Renta, es decir para el legislador tributario, por naturaleza le corresponde a éstas entidades dicha calidad, dado que entiende que realizan o porque respecto de ellas, se producen hechos generadores de obligaciones tributarias.

Así, el artículo 14º de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR en adelante), establece que, son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. En tal sentido, la LIR precisa que para sus efectos, se considerarán personas jurídicas –entre otras–, a las siguientes:“(...)
e) Las asociaciones, comunidades laborales incluidas las de compensación minera y las fundaciones no consideradas en el Artículo 18º” (el subrayado nos corresponde).

Del texto de la norma anteriormente citada, resulta absolutamente clara la posición del legislador de considerar dentro del ámbito de aplicación de la LIR a las ACSL, en tanto las califica como personas jurídicas (se entiende para los fines de la LIR), y sobre todo porque siendo ello así, o realiza o respecto de ellas se producen hechos generadores de obligaciones tributarias, que en el caso de la LIR es la producción de renta.

Una consecuencia del hecho que se considere a las ACSL como contribuyentes del Impuesto a la Renta es que, en su calidad de sujetos domiciliados deberán tributar, sobre sus rentas de fuente peruana y sus rentas de fuente extranjera, es decir sobre sus rentas de fuente mundial, ello a tenor de lo prescrito por el artículo 6º (7) de la LIR.

De otro lado debe tenerse presente que conforme a lo establecido en el literal e)(8) del artículo 28º de la LIR, califica como renta de tercera categoría aquella generada por las ACSL.

2. De la Exoneración del Impuesto a la Renta

A pesar de que el legislador ha considerado a las ACSL como contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría, atendiendo a lo valioso de los fines que a través de éstas entidades se puede realizar, les ha otorgado una exoneración del Impuesto a la Renta, la misma que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2011.

En tal sentido, cabe recordar los conceptos de inafectación y de exoneración. Así, mientras que la inafectación es una situación fáctica que implica que una circunstancia acontecida en el mundo de los hechos, no se ha subsumido en el supuesto de hecho de una norma y, en consecuencia, no nace nunca la obligación tributaria; en la exoneración sí se ha producido en el plano fáctico el hecho generador de la obligación tributaria, pero por razones de política fiscal, se deja sin efecto temporalmente el nacimiento de la obligación tributaria.

Al respecto, el Tribunal Fiscal ha establecido en la RTF N° 355-5-98 que: “(...) en la exoneración se produce el hecho imponible, pero en virtud de una norma legal neutralizante no surge la obligación de pago, en la inafectación no nace la obligación tributaria ya que el hecho no se encuadra o no está comprendido en el supuesto establecido por la Ley como hecho generador”.

Cabe indicar que, en atención a lo previsto por el artículo 62º del Código Tributario, el ejercicio de la función fiscalizadora que corresponde a la Administración Tributaria incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios (9).

En tal sentido, nos permitimos transcribir el literal b) del artículo 19º de la LIR el mismo que a la letra establece lo siguiente: “Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del año 2011:

b) Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda, exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso.

La disposición estatutaria a que se refiere este inciso no será exigible a las entidades e instituciones de cooperación técnica internacional (ENIEX) constituidas en el extranjero, las que deberán estar inscritas en el Registro de Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores” (el subrayado nos corresponde).

De la norma anteriormente citada podemos extraer los requisitos necesarios para que las ACSL puedan hacerse acreedoras de la exoneración:

a. Se encuentren destinadas a sus fines específicos en el país. Al respecto, el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 01511-3-2003, revocó la resolución apelada que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la recurrente en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta, por cuanto se verificó que si bien dentro del objeto social de la recurrente se ha listado algunas actividades que calificarían de índole comercial, ello no enerva a la recurrente del cumplimiento de sus fines, por cuanto en sus estatutos se ha previsto expresamente que dichas actividades tienen por destino la consecución de los fines de la asociación. Asimismo, se verificó que en su estatuto se establece que en caso de liquidación de la recurrente se entregará el patrimonio resultante -si lo hubiera-, a las asociaciones con fines estatutarios similares con sujeción a lo dispuesto por el artículo 98º del Código Civil, por lo que al haberse verificado que no se encuentra establecido que se vaya a dar la distribución entre sus asociados de los recursos obtenidos como producto de su participación en actividades de carácter comercial, sino por el contrario, que éstas tendrán por objeto la realización de los fines, se cumple con los requisitos del artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta.

b. Su instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremial y/o de vivienda. Al respecto, el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 03496-1-2005, procedió a confirmar la resolución apelada, ya que de lo señalado en el estatuto de la recurrente, se aprecia que entre sus fines está el de contribuir al funcionamiento y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del sector agropecuario, lo cual denota la realización de actividades que no se encuentran previstas dentro de los fines comprendidos en el inciso b) del artículo 19° de la Ley del Impuesto a la Renta, no cumpliéndose de esta manera con el requisito de exclusividad a la que hace referencia dicha norma.

c. No se distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados las rentas. Al respecto, el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 06054-1-2003, declaró nula e insubsistente la resolución apelada que declaró improcedente la reclamación contra la orden de pago, emitida por concepto del Impuesto a la Renta del ejercicio 2001. En tal sentido el Tribunal Fiscal señaló que de la revisión del estatuto de la recurrente se advierte que es una ACSL constituida para representar a los transportistas propietarios de vehículos que prestan servicio de transporte terrestre interprovincial de pasajeros y carga, encomiendas y diversos valores en una determinada ruta; sin embargo, para que dicha asociación esté exonerada del citado Impuesto, tal como lo establece el inciso b) del artículo 19º de la LIR, no puede distribuir directa ni indirectamente los resultados a sus asociados, requisito que no ha sido verificado por la Administración Tributaria, por lo que debe emitir un nuevo pronunciamiento, previo examen de su contabilidad y de la documentación que la sustenta.

En cuanto a la prohibición para la distribución directa o indirecta de las utilidades, el literal b) del artículo 19º de la LIR no ofrece mayores detalles al respecto, motivo por el cual consideramos que, con la finalidad que se configure el supuesto de distribución de utilidades, la entrega realizada a los asociados debe obedecer única y exclusivamente por su condición de tal, ya que si la ACSL le entrega una suma de dinero como contraprestación por los servicios prestados a la entidad en su calidad de miembros del Consejo Directivo o por algún otro servicio prestado, no se habría configurado el supuesto de distribución directa o indirecta de rentas. Al respecto, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en la RTF Nº 00909-2-1999 en los siguientes términos: “(...) mediante Acuerdo VI de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados del 24 de julio de 1997, se autoriza el pago de honorarios profesionales al presidente y vice-presidente, por los cargos que desempeñan; por lo que, la Administración Tributaria considera que el citado acuerdo, contraviene el inciso b) del artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta;

Que al respecto, es preciso anotar que la distribución directa o indirecta de rentas entre los asociados implica que las rentas de la asociación sean distribuidas entre todos o algunos de los asociados por su sola condición de tal;

Que de acuerdo con las normas del Código Civil que regulan la asociación, no existe prohibición para que los asociados que desempeñen cargos directivos reciban una remuneración, por lo que en la medida que el dinero entregado al presidente y vicepresidente responda al desempeño de cargos directivos y sea acorde con las labores realizadas y rentas de la asociación, la recurrente cumpliría con los requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 19º (...)”

d. En su estatuto esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines indicados en el punto b. Al respecto, el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 00899-4-2008, procedió a revocar la resolución apelada que declaró infundada la reclamación contra la resolución de determinación emitida por Impuesto a la Renta de 2002, debido a que la recurrente se encuentra dentro de los alcances de la exoneración prevista en el inciso b) del artículo 19º de la LIR, toda vez que en caso de no consignarse el destino del patrimonio de la asociación en el estatuto, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 98º del Código Civil. Asimismo se declara que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154º del Código Tributario, disponiéndose su publicación en el diario oficial El Peruano en cuanto establece el siguiente criterio: “Se cumple el requisito del inciso b) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF, cuando en los estatutos de las asociaciones sin fines de lucro no se ha establecido el destino de su patrimonio en caso de disolución, por ser de aplicación supletoria el artículo 98° del Código Civil.”

3. Inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta
Cabe señalar que, de acuerdo al último párrafo del inciso b) del artículo 8° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el goce de la exoneración no se encuentra condicionada a su inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta de SUNAT, ya que dicha inscripción es declarativa (10) y no constitutiva de derechos.
En tal sentido, para llevar adelante la inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta vale decir, para efectos formales, las mencionadas entidades deberán cumplir con dos requisitos exigidos en el aludido artículo 8° de la norma reglamentaria; asimismo, dichas entidades se ceñirán a los requisitos formales exigidos en el Procedimiento N° 35 del TUPA de la SUNAT, el cual ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2009-EF, publicado el 08.03.2009.

3.1. Trámite del Procedimiento
A efectos que las ACSL comprendidas en el inciso b) del artículo 19° de la LIR puedan realizar los trámites de inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta, deberán cumplir con presentar el Formulario Nº 2119 “Solicitud de Inscripción o Comunicación de Afectación de Tributos” firmado por el titular o su representante legal acreditado en el RUC.

En el caso específico de ACSL deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Exhibir el original y presentar fotocopia simple del instrumento de constitución, sus modificatorias y aclaratorias posteriores, así como del estatuto correspondiente, de ser el caso, y sus modificatorias y aclaratorias posteriores, inscritos en los Registros Públicos.
• Presentar fotocopia simple de la ficha de inscripción o partida registral con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario.
El formulario así como la documentación exigida se presentará en los lugares que se detallan a continuación:
• Si pertenece a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, presentará el formulario en la Sede de la Intendencia.
• Si pertenece a la Intendencia Regional Lima, presentará el formulario en la División de Centros de Servicios de la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente.
• Los demás contribuyentes, presentarán el formulario en la División o Sección de Servicios al Contribuyente.
La autoridad competente que resuelve las solicitudes presentadas, es el Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales, el Intendente Regional o el Jefe de Oficina Zonal, según directorio.

En el caso de las solicitudes presentadas por los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima, la autoridad competente será, el Gerente de Centros de Servicios al Contribuyente.

La solicitud presentada, se sujetará a una evaluación previa y requiere de pronunciamiento expreso por parte de la autoridad competente en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Si la Administración no emitiese pronunciamiento al respecto dentro del plazo anteriormente señalado, se producirá el Silencio Administrativo Negativo, motivo por el cual se considerará denegada la solicitud presentada.

Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles y en caso de no haber pronunciamiento por la autoridad competente –tal como lo hemos expresado–, se producirá el Silencio Administrativo Negativo, quedando a salvo el derecho del contribuyente, de acuerdo a lo prescrito por el segundo párrafo de los artículos 135° y 163° del Código Tributario, de interponer el Recurso de Reclamación de la Resolución Ficta Denegatoria.

El presente recurso, debe ser resuelto por el Intendente Regional Lima para los recursos presentados por los contribuyentes de su directorio y por el Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales, el Intendente Regional o el Jefe de Oficina Zonal, según directorio.
Finalmente, procede la interposición del Recurso de Apelación, en caso sea desestimado el Recurso de Reclamación, ante la autoridad que emitió el pronunciamiento adverso o que no resolvió el reclamo en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. El Recurso de Apelación será elevado al Tribunal Fiscal que será el órgano colegiado encargado de resolver este recurso, indistintamente del directorio al que pertenezcan las entidades.

4. Presentación de Declaraciones Juradas por parte de las ACSL

Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 203-2006/SUNAT publicada el 25.11.2006, se establecieron disposiciones referidas a contribuyentes que se encontraban exceptuados de presentar las declaraciones juradas mensuales, correspondientes a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, tal como prescribe el artículo 1º de la referida norma.

En tal sentido, el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 203-2006/SUNAT, exceptúa a los deudores tributarios de la obligación de presentar las declaraciones mensuales correspondientes a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - Régimen General y del Impuesto General a las Ventas siempre que estén en alguno de los siguientes supuestos:

a) Se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas del Impuesto General a las Ventas.

b) Perciban exclusivamente rentas exoneradas del Impuesto a la Renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas del Impuesto General a las Ventas.

Siendo ello así, en tales supuestos, las ACSL no se encontrarán en la obligación de presentar las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta ni las correspondientes al IGV.

Con respecto a la obligación de la presentación de la declaración jurada anual determinativa del Impuesto a la Renta, la misma no se encuentra comprendida entre las excepciones de la Resolución de Superintendencia Nº 203-2006/SUNAT, motivo por el cual corresponderá que las ACSL cumplan con presentar su declaración anual dentro de las fechas del cronograma de declaración correspondiente, en función a su número RUC.

IV. Tratamiento para el IGV

1. Operaciones Gravadas
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley del IGV (LIGV) se consideran operaciones gravadas con el impuesto a las siguientes:

a. La venta en el país de bienes muebles.
b. La prestación o utilización de servicios en el país.
c. Los contratos de construcción.
d. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
e. La importación de bienes.

Respecto del ámbito de aplicación de las operaciones gravadas resulta pertinente destacar algunos supuestos particulares que detallamos a continuación.

1.1. Las ACSL y la Habitualidad en las Operaciones

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.1 del artículo 9º de la Ley del IGV, como regla general son sujetos del impuesto, las personas naturales o jurídicas que desarrollando actividad empresarial, realicen las actividades gravadas a que se contrae el artículo 1º de la Ley del IGV.

A su turno, en el numeral 9.2 del artículo 9º de la Ley del IGV, se hace referencia a los sujetos que no realicen actividad empresarial (entre los que se encuentran las ACSL), los mismos que serán sujetos del impuesto en tanto y en cuanto realicen operaciones gravadas (artículo 1º de la Ley del IGV), y además sean considerados habituales (11) respecto de dichas operaciones.
En tal sentido, en el caso que las ACSL realicen actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto -y estando a que por su propia naturaleza no realizan actividad empresarial-, corresponde que se analice –en cada caso concreto- el hecho de si son habituales en la realización de dichas operaciones.

Al respecto, el numeral 1) del artículo 4º del Reglamento de la Ley del IGV establece que para calificar la habitualidad se considerará la naturaleza, características, monto, frecuencia, volumen y/o periodicidad de las operaciones a fin de determinar el objeto para el cual el sujeto las realizó, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:

• En el caso de operaciones de venta, se determinará si la adquisición o producción de los bienes tuvo por objeto su uso, consumo, su venta o reventa, debiendo de evaluarse en los dos últimos casos el carácter habitual dependiendo de la frecuencia y/o monto.

• Tratándose de servicios, siempre se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con los de carácter comercial. Entendemos pues, que el carácter mercantil (en el cual la onerosidad está presente) constituye el factor determinante para configurar la "habitualidad", en los términos de la norma reglamentaria, y consecuentemente desencadenar la imposición con el impuesto.

• En los casos de importación, no se requiere habitualidad o actividad empresarial para ser sujeto del impuesto.

• En el caso de la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, se presume la habitualidad, cuando el enajenante realice la venta de, por lo menos, dos inmuebles dentro de un período de doce meses.

En el tema de la habitualidad referida a las ACSL, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado a través de la RTF Nº 6581-2-2002 de fecha 14.11.2002, la misma que a la letra establece lo siguiente: “De lo expuesto se puede concluir que una persona realiza operaciones habituales respecto de un servicio, si lo presta en forma reiterada, lo que implica que lo preste más de una vez. Ninguna norma establece cuantas veces debe realizarse una operación para que la persona que presta el servicio sea calificada como habitual, razón por la cual debe analizarse la frecuencia y el monto de las mismas conjuntamente, y sólo en caso que estos criterios evidencien que dichas operaciones tienen un objeto mercantil el sujeto estaría gravado con el impuesto” (el subrayado nos corresponde). Aún cuando la RTF se sustenta en legislación anterior, recogemos de ésta lo siguiente: las operaciones de servicios deben ostentar carácter mercantil.

1.2. Precisiones en cuanto a los Servicios Prestados por las ACSL afectos al IGV

La SUNAT a través de la Directiva Nº 003-95/SUNAT de fecha 12.10.1995, se ha pronunciado respecto de los servicios que prestan las ACSL y su implicancia para el IGV, precisando la referida Directiva que se encuentran afectos a este impuesto, los servicios que brindan las ACSL, tales como foros, seminarios, publicidad, alquiler de canchas, entre otros, al constituir renta de tercera categoría para efectos del Impuesto a la Renta, detallándose que respecto de las operaciones de alquiler (arrendamiento) de bienes muebles e inmuebles para estar gravados con el IGV no se requiere contar con el requisito de la habitualidad (12), pudiendo las ACSL hacer uso del crédito fiscal en relación con las adquisiciones de bienes y servicios que cumplan con los requisitos del crédito fiscal señalados en la Ley y el Reglamento.

Al respecto, debemos destacar que los servicios a que se refiere la mencionada Directiva son señalados a título de ejemplo, no constituyendo en modo alguno un listado cerrado de naturaleza taxativa, motivo por el cual la SUNAT reconoce de manera implícita el hecho de que otros servicios se graven con el IGV.

1.3. ¿Las Cotizaciones Mensuales de los Asociados se encuentran afectas al IGV?
En este punto, resulta pertinente tomar en consideración la Directiva Nº 004-95/SUNAT de fecha 12.10.1995, la misma que se encuentra referida al hecho de si procede afectar con el IGV los ingresos que obtienen las ACSL por concepto de cotizaciones mensuales de los asociados.
En esta Directiva se establece que los servicios que otorga la asociación no son individualizados a cada asociado, sino que se otorgan colectivamente en base a sus correspondientes cotizaciones o aportes solidarios; en este sentido, los mencionados servicios, pueden o no ser utilizados en su totalidad o en parte, por los asociados, porque están sujetos a su discreción, motivo por el cual no se configura el supuesto de contraprestación por los mismos, de acuerdo a las disposiciones del IGV.

Siendo ello así, los ingresos obtenidos por las ACSL provenientes de cotizaciones mensuales de los asociados, al no suponer una contraprestación por un servicio, sino el cumplimiento de una obligación de cargo de los asociados para el mantenimiento y funcionamiento de la asociación a la cual pertenecen; así como, para el asociado, el mantenimiento de su status y los derechos que ello conlleva, se encuentran inafectos del pago del IGV.

Cabe indicar que la Directiva Nº 004-95/SUNAT ha sido objeto de precisión a través de la Directiva Nº 001-98/SUNAT de fecha 28.01.1998, la misma que dispone que, los pagos que los asociados efectúen por conceptos diferentes a los mencionados en la primera de las citadas, tales como, la retribución por la prestación de servicios individualizados a cada asociado y no colectivamente, no se encuentran incluidos en los alcances de la misma; en tal virtud, se deberá determinar en cada caso el cumplimiento de lo señalado en la Ley del IGV para efecto de considerar gravado al servicio con dicho Impuesto, en tanto califique como un supuesto de servicios individualizados prestados por las ACSL al asociado.

1.4. El caso de la Primera Venta de Inmuebles realizada por las ACSL
De conformidad con lo dispuesto por el literal d) del artículo 1º de la Ley del IGV se consideran operaciones gravadas con el impuesto, entre otras, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.

Cabe indicar que la norma anteriormente glosada se refiere a la primera venta de inmuebles realizada por los constructores, y de acuerdo con lo dispuesto por el literal e) del artículo 3° de la Ley del IGV, se define como constructor a cualquier persona (13) que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella.

Siendo esto así, si una ACSL que no es habitual en la venta de inmuebles construidos, total o parcialmente por ella o por un tercero para ella (y por tanto no es calificada como “constructor” de acuerdo a las normas del IGV) realiza la venta, dicha operación de venta de inmuebles no se encontrará gravada con el IGV.

1.4.1. La habitualidad como supuesto habilitante para la imposición con el IGV bajo el presupuesto normativo de la “primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos”

Respecto a la habitualidad, el numeral 1) del artículo 4º del Reglamento de la Ley del IGV (RLIGV) establece que tratándose del literal e) del artículo 3º de la LIGV (definición de “constructor”), se presume la habitualidad, cuando el enajenante realice la venta de, por lo menos, dos (2) inmuebles dentro de un período de doce (12) meses, debiéndose aplicar el IGV a partir de la segunda transferencia del inmueble. En caso de realizarse en un solo contrato la venta de dos (2) o más inmuebles, se entenderá que la primera transferencia es la del inmueble de menor valor. No se aplicará lo dispuesto anteriormente, y siempre se encontrará gravada con el impuesto, la transferencia de inmuebles que hubieran sido mandados a edificar o edificados, total o parcialmente, para efecto de su enajenación.

Entendemos que el derrotero lógico que habría de seguirse para interpretar lo prescrito en el numeral 1) del artículo 4º del RLIGV es que efectivamente la ACSL se torne “potencialmente” en un “constructor” y que consecuentemente la operación se enmarque bajo los alcances del inciso d) del artículo 1º de la LIGV.

A guisa de ejemplo citamos el siguiente: La ACSL “Los Triviales”, construye un inmueble a partir de enero de 2009 culminando con la edificación en setiembre del mismo año. Dicho inmueble es empleado por la ACSL como oficinas administrativas, pero en febrero de 2010 recibe una tentadora oferta para vender éste. De procederse a la venta del mismo en dicho mes (febrero) la operación no se encontrará gravada con el IGV, por cuanto es evidente que no se está frente al supuesto de hecho previsto por el numeral 1) del artículo 4º del RLIGV. Afirmamos aquí que, no se trata que la sola “venta de un inmueble” pueda constituir un hecho imponible, toda vez que la hipótesis de incidencia dista de ser esta (“venta de inmueble”). La hipótesis de incidencia es la de la “primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos (14). En ese sentido, el lineamiento a seguir es que la ACSL en tanto no realiza actividad empresarial, es la habitualidad, en la primera venta de inmuebles, el hecho que les confiere la condición de sujetos del IGV y, adicionalmente, la calidad de constructores.

Siendo ello así, en el caso que nos encontremos frente a una ACSL que se considere habitual para efectos de este impuesto, se aplicará el IGV a partir de la segunda transferencia (entiéndase "primera venta de inmuebles") pues es esta segunda transferencia la que desencadena la “habitualidad” y consecuentemente precipita la imposición con el IGV; esto será así, salvo que se haya edificado para efectos de su enajenación, en cuyo caso se gravará la transferencia del inmueble aún cuando fuera la primera transferencia.

Finalmente, y retomando lo visto hasta este punto, en el caso que las ACSL realicen operaciones gravadas con el impuesto, serán contribuyentes del IGV, al incurrir en la hipótesis de incidencia recogida por la norma tributaria, no siendo admisibles argumentos como los esgrimidos por una ACSL al señalar que por revestir tal naturaleza jurídica (ACSL) se encuentra inafecta al pago del IGV (véase la RTF Nº 3273-2-1995).

2. Operaciones No Gravadas
No obstante ello, existen operaciones no gravadas con el impuesto, como son los conceptos contemplados en el artículo 2º de la Ley del IGV:

“b)La transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial, salvo que sean habituales en la realización de este tipo de operaciones.
(...)
g) La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las Instituciones Educativas Públicas o Particulares exclusivamente para sus fines propios. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, se aprobará la relación de bienes y servicios inafectos al pago del Impuesto General a las Ventas.

La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios debidamente autorizada mediante Resolución Suprema, vinculadas a sus fines propios, efectuada por las Instituciones Culturales o Deportivas a que se refieren el inciso c) del Artículo 18º y el inciso b) del Artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 774, y que cuenten con la calificación del Instituto Nacional de Cultura o del Instituto Peruano del Deporte, respectivamente.
(...)
k) La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas; así como a favor de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (ACPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial del Sector correspondiente. En este caso, el donante no pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda al bien donado”.

En este sentido, en todos éstos supuestos, en la medida que las ACSL realicen éstas operaciones, no se encontrarán gravadas con el IGV.

Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta que si las ACSL realizan las actividades a que se contrae el artículo 5º de la Ley del IGV, esto es, las operaciones contempladas en los Apéndices I (ventas e importación de bienes exonerados) y II (servicios exonerados), no corresponderá el pago del IGV, en tanto y en cuanto se están realizando operaciones exoneradas con dicho impuesto.

V. Tratamiento para el Impuesto Predial

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Ley de Tributación Municipal (en adelante LTM), el Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, considerándose como sujetos pasivos de dicho tributo en calidad de contribuyentes, a las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza, en atención con el artículo 9º del mismo cuerpo legal.

Cabe indicar que, según lo prescrito por el artículo 10º de la LTM, el carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 de enero del año a que corresponde la obligación tributaria; en tal sentido, cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho, considerándose como base imponible para la determinación del impuesto, el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 11º de la LTM.

Debe tenerse presente que el artículo 17º de la LTM considera como inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad –entre otros– de:
“(...)
h) Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la Constitución.
(...)
m) Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos conforme a Ley, así como la asociación que los representa, siempre que el predio se destine a sus fines institucionales específicos”.

En estos supuestos anteriormente señalados, en la medida que los sujetos contemplados en los literales h) y m) se organicen como una ACSL, podrán acceder a la inafectación, en tanto y cuanto destinen los predios –en cada caso–, a sus fines específicos, debiendo tenerse presente que en el caso del literal h) el predio no puede utilizarse parcial o totalmente para fines lucrativos, que produzcan rentas relacionadas o no a los fines propios de las instituciones beneficiadas, ya que en tal supuesto ello implicará la pérdida de la inafectación.

Respecto del tema del Impuesto Predial, el Tribunal Fiscal ha establecido en la RTF Nº 00774-4-2001 que se confirma la resolución apelada, en tanto a la recurrente no le corresponde la inafectación del Impuesto Predial por cuanto no califica con la definición legal de beneficencia. Al respecto, se expresa que el término “beneficencia” incluye únicamente a las beneficencias constituídas como tales de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 356 y modificatorias, no encontrándose incluídas las ACSL con fines benéficos, las cuales se encontraban inafectas del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 23552; sin embargo, tal inafectación no ha sido recogida por el Decreto Legislativo Nº 776.

En la RTF Nº 08436-5-2001 el Tribunal Fiscal declaró nula la resolución apelada de la Municipalidad Provincial, al no ser competente para resolver la apelación contra una resolución emitida por una Municipalidad Distrital en un procedimiento no contencioso. Asimismo, se revocó la resolución de la Municipalidad Distrital, que declaró improcedente la inafectación; en tal sentido, la controversia consistía en determinar si la recurrente en su condición de promotora de un centro educativo ocupacional de gestión no estatal se encuentra inafecta del Impuesto Predial. El artículo 19º de la Constitución establece que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos gozan de inafectación de todo impuesto directo o indirecto. El Decreto Legislativo Nº 882 dispone que toda persona natural o jurídica tiene derecho a fundar, promover, conducir, o gestionar instituciones educativas particulares con fines lucrativos o no, debiendo ellas organizarse bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario. El artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 776 establece que se encuentran inafectos del Impuesto Predial los predios que no produzcan renta y que estén dedicados a cumplir sus fines específicos, de propiedad de universidades y centros educativos conforme a la Constitución y su artículo 9º señala que son sujetos pasivos del impuesto predial, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios. Dado que la ACSL recurrente se encuentra reconocida en la resolución de apertura y funcionamiento como promotora de CEOGNE, es decir se ha organizado bajo una de las formas previstas en el derecho común, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 882, el predio de su propiedad se encontrará inafecto del Impuesto Predial, en tanto se destine en forma exclusiva a los fines educativos.

VI. Obligación de emitir Comprobantes de Pago

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 25632, Ley de Comprobantes de Pago, se establece que: “Están obligados a emitir comprobante de pago todas las personas que trasfieren bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza.
Esta obligación rige aun cuando la transferencia o prestación no se encuentre afecta (15) a tributos” (el subrayado nos corresponde). De forma complementaria, el artículo 1º del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, establece que: “El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios” (el subrayado nos corresponde); asimismo, el último párrafo del artículo 5º del referido Reglamento dispone a la letra lo siguiente:

“La obligación de otorgar comprobantes de pago rige aún cuando la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios no se encuentre afecta a tributos o cuando éstos hubieran sido liquidados, percibidos o retenidos con anterioridad al otorgamiento de los mismos” (el subrayado nos corresponde).

De la lectura de las normas anteriormente citadas, podemos inferir que la razón de las normas (ratio legis) es que los comprobantes de pago son los documentos que tienen efectos tributarios, con los cuales se sustenta las trasferencias, entrega en uso, o la prestación de servicios para la Administración Tributaria

En atención a ello, aún cuando las operaciones realizadas por las ACSL se encuentren inafectas o exoneradas de impuestos, en tanto corresponden a supuestos que originan la obligación de otorgar Comprobante de Pago deberán emitir la correspondiente factura (a sujetos que necesiten sustentar costo o gasto) o boleta venta (en el caso de operaciones realizadas con consumidores finales).

Grafica la obligación que tienen las ACSL de otorgar comprobantes de pago, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal contenido en la RTF Nº 3273-2-1995, en la que el órgano colegiado confirma la resolución que ordena el cierre del establecimiento generado por no otorgar comprobante de pago.

Al respecto, el Tribunal Fiscal estableció que siendo una persona jurídica, la ACSL está obligada a emitir comprobante de pago en tanto realice transferencias de bienes a título gratuito u oneroso (entre otros supuestos), motivo por el cual carece de todo sustento lo alegado por la recurrente en el sentido que siendo una entidad sin fines de lucro, se encuentra inafecta del pago del IGV, razón por la cual, al no tener interés en ocultar sus ventas (en tanto entidad sin fines de lucro inafecta al pago del IGV), no le corresponde otorgar comprobantes de pago.

En tal sentido, el Tribunal Fiscal –con un sano criterio concordante con el marco legal virtualmente vigente (16)– estableció que carece de fundamento legal lo alegado por la recurrente.

 

 

 


BIBLIOGRAFIA
Informativo Caballero Bustamante. Revista de Asesoría Especializada.

NOTAS
(1) VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil Tomo I. Editorial Temis Bogotá Colombia, 1989, pág. 478.
(2) Como por ejemplo a las sociedades reguladas en nuestra Ley General de Sociedades y a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
(3) VALENCIA ZEA, Arturo. Ob. Cit., pág. 494.
(4) Cabe indicar que en la derogada Constitución Política de 1979 este derecho era reconocido en el numeral 11) del artículo 2º, en los siguientes términos: “Artículo 2. Toda persona tiene derecho: (...)
11.- A asociarse y a crear fundaciones con fines lícitos, sin autorización previa.
Las personas jurídicas se inscriben en un registro público. No pueden ser disueltas por resolución administrativa”.
(5) FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Pág. 152.
(6) “Más concretamente, los pactos, convenciones, ordenanzas, o estipulaciones establecidos por los fundadores o por los miembros o socios de una entidad, corporación, sindicato, club, etc.”; al respecto véase a CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Cultural Cusco Editores, Lima 1989, pág. 122.
(7) “Artículo 6º.- Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora(…)".
(8) “Artículo 28º.- Son rentas de tercera categoría:
e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo o en su último párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse”.
(9) La SUNAT deberá fiscalizar no menos del 10% de las entidades inscritas en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta al amparo de lo previsto en el inciso b) del artículo 19º de la Ley, ello conforme al artículo 2º del Decreto Supremo Nº 175-2008-EF (27.12.2008), que incorpora el artículo 8º-A al reglamento de la LIR. n
(10) Al respecto, puede consultarse las RTFs Nº 1187-4-1997 y Nº 0989-4-2002.
(11) Se define a lo habitual como lo: “acostumbrado, frecuente, usual. Lo correspondiente a hábito (…) o práctica”; y al término habitualidad como: “El estado durable; la permanencia de los hábitos (…) o inclinaciones que perseveran en un sujeto”; al respecto véase CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo III, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, 1979, pág. 541.
(12) Esta indicación obedece a que en el texto del numeral 1 del artículo 3º de la Ley de IGV, vigente en ese entonces, se disponía que constituía servicio “el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, sea habitual o no”.
(13) Tanto natural como jurídica.
(14) En ese sentido, de producirse la venta de 2 inmuebles dentro de un lapso de 12 meses ello no conlleva de suyo que se desencadene la habitualidad en lo que a la configuración del presupuesto normativo se refiere, vale decir, la primera venta de inmuebles realizada por el constructor de los mismos. Ello, por cuanto de lo que se trata es que constituya el hecho imponible y no la “simple venta de un inmueble”.
Al respecto, se le planteó a la SUNAT la siguiente consulta: ¿Se encuentra gravada con el IGV la transferencia de un bien inmueble efectuada por una empresa, cuyo objeto social no es el de construir para vender, pero construyó o mandó construir el inmueble el cual fue utilizado para realizar sus actividades empresariales?, SUNAT, mediante Informe Nº 331-2003-SUNAT/2B0000 concluyó como sigue: No se encuentra gravada con el IGV la primera transferencia de un bien inmueble efectuada por un sujeto que realiza actividad empresarial, siempre que el mismo no califique como constructor para efectos de este impuesto.
(15) En tal sentido, es importante tener en cuenta que el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 8552-2-2001 se pronunció en el sentido que el hecho de encontrarse exonerado del IGV no exime de la obligación formal de otorgar comprobantes de pago, ni la de exigirlos.
(16) Cabe indicar que la norma aplicable al caso resuelto en la RTF Nº 3273-2-1995 fue la Resolución de Superintendencia Nº 067-93-EF/SUNAT.

 


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